La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para rescatar el río Atoyac implica la ejecución de varias acciones que no necesariamente tienen que ver con dinero, sino con la voluntad política para frenar las descargas residuales durante años con la complicidad de funcionarios corruptos.
Si bien es cierto que se requieren inversiones millonarias en tecnología para recuperar al afluente, antes de llevarlas a cabo se debe aplicar a pie juntillas las leyes y reglamentos por parte de las diferentes instancias involucradas.
La responsabilidad recae primero en los municipios, que impunemente permitieron a cambio de unos pesos, que cientos de empresas sigan descargando sus desechos industriales a lo largo de los 200 kilómetros desde la sierra Nevada atravesando por Tlaxcala y hasta descargar en Valsequillo.
Históricamente, los alcaldes de los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas, Tetlahuaca, Zacatelco, Xicohtzingo, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo, en Tlaxcala fueron cómplices de industriales en el ecocidio del río.
De igual manera los políticos en las once demarcaciones poblanas como Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Miguel Xoxtla, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés Cholula, Ocoyucan y la propia capital.
En esa cadena de corrupción, también han participado los delegados de la Conagua en todo este tiempo, que en lugar de vigilar que la ley se cumpla, se han encargado de enriquecerse al omitir sus funciones de vigilancia con sus cuatro inspectores para los 217 municipios del estado.
Los expertos en ecología locales que llevan años luchando por la recuperación del afluente, señalan que para llevar este proceso no se requiere modificar la legislación ambiental, sino más bien obligar a las textileras a que respeten los lineamientos para que dejen de contaminar el Atoyac y que sus descargas sean tratadas.
Una vez que dejen de arrojarlas, entonces el segundo paso sería reconvertir las plantas de tratamiento, o bien instalar las nuevas tecnologías, para comenzar a revertir el daño que durante años han ocasionado al río.
El gobernador electo Alejandro Armenta está muy pendiente de todo este tema, pues es una indicación directa de Palacio Nacional, por lo que pondrá especial atención a las dependencias involucradas, para exigir resultados y sobre todo el cumplimiento de la ley. Los ecocidas deben pagar por su delito sin importar el peso económico o político que tengan.