Por unas horas, la zona metropolitana de Puebla vivió momentos de caos al suspenderse de manera temporal el servicio de transporte urbano, porque los concesionarios no quieren regularizar su situación, y pretenden un aumento de tarifa sin renovar sus unidades chatarra en perjuicio de millones de usuarios.
El gobernador Alejandro Armenta les dejó claro que no permitirá chantajes, y en eso todos los ciudadanos estamos de acuerdo, y por supuesto que cuenta con el apoyo de la mayoría de la fuerza laboral, así como los miles de estudiantes que a diario arriesgan su integridad física al abordar camiones en pésimas condiciones.
Los concesionarios pretenden seguir como antes, cuando los políticos les permitían toda clase de abusos, a cambio de dinero, y de complicidades en tiempos electorales, afectando a las familias más necesitadas.
Ahora el mensaje es contundente: o se ponen en regla o les cancelan sus permisos. Por esa razón presionan a la autoridad, y durante unas horas dejaron las unidades en sus talleres, como una medida de presión que no les va a funcionar.
La Secretaría de Movilidad y Transporte dice que el número real de concesionarios del transporte público es de 24 mil 730, de los cuales 3 mil 137 no realizaron la revista vehicular, pero todavía tendrán la oportunidad de cumplir el trámite pagando una multa de 19 mil 365 pesos si acuden voluntariamente. Si son detenidos en operativos, pagarán 28 mil 740 pesos y perderían la concesión.
Horas más tarde, en otro punto de la ciudad un grupo de personas encabezadas por Marciano Navarro, colaborador del líder panistas Mario Riestra se organizaron para cerrar el relleno sanitario de Chiltepeque, con lo que afectaron a varios municipios metropolitanos.
Ahora resulta que la oposición se disfraza de activistas para generar caos y utilizan las causas sociales para desestabilizar. Es el colmo que por 50 personas que dicen estar preocupados por el medio ambiente, afecten la recolección del servicio de limpia en perjuicio de miles de familias.
El ayuntamiento de la capital ha mostrado la disposición para dialogar, pero parece que hay un interés político detrás de estas personas, porque por la tarde se retiraron del terreno como si nada hubiera pasado.
En ambos casos (el transporte y la recolección), la autoridad estatal y el municipio, dejó en claro que no cederá a chantajes, pero ahora queda claro que hay mano negra con el único fin de promover la anarquía.