El gobernador Alejandro Armenta fue contundente al afirmar que la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), uno de los proyectos emblemáticos de los panistas Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad, fue financiado con recursos ilícitos mediante el robo de hidrocarburos.
Ante las críticas hechas por un grupo de ambientalistas, universitarios y diputados de oposición, el mandatario estatal reaccionó diciendo que la obra se hará con dinero legal, no como ocurrió con las líneas 1,2 y 3 inauguradas en 2013, 2015 y 2018 respectivamente.
Fue negocio del gobernador en turno, señaló Armenta y luego remató acusando que lo financiaron con dinero obtenido del huachicol, como también ya lo había señalado antes el coordinador del Gabinete, José Luis García Parra.
En noviembre de 2025, García Parra, declaró que durante los gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad las unidades troncales y alimentadoras eran abastecidas con gasolina robada. ¿Así o más directo?
Ahora, una investigación de mi compañero David Meléndez, revela que este sistema de transporte articulado recibe subsidios hasta por 21 mil millones de pesos anualmente, y esto tiene un impacto en las finanzas estatales.
Conforme al reporte de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) el uso de esta red metropolitana registró un crecimiento anual de 3.2 por ciento, lo que se traduce en 3 millones 269 mil personas más, que se suman a los 100 millones 741 mil 791 que viajaron en 2024.
En términos de movilidad, RUTA es de gran utilidad para los millones de pasajeros, o al menos esa impresión nos deja, por la cantidad de personas que lo utilizan, pero en contraparte, resulta muy oneroso para el presupuesto estatal.
A reserva de la opinión de los expertos (urbanistas y en finanzas), a simple vista es un proyecto que representa un gasto exorbitante para el estado, aunque habría qué valorar el costo-beneficio porque resulta obvio que sigue provocando polémica desde su creación.
Esto obliga a realizar un análisis serio sobre la situación de RUTA, porque si bien es cierto resuelve un problema de desplazamiento para millones de poblanos, por el otro tal vez ya es necesario hacer cambios o reestructuraciones para mejorar la parte de los ingresos y egresos.
Este tipo de sistema de transporte colectivo existe en las grandes ciudades del país, y en todas opera con dificultades económicas, y cada entidad las va solventando como puede. En el caso de Puebla tiene además un ingrediente político que siempre sale a relucir.