En varias ocasiones he utilizado el servicio de transporte a través de aplicaciones como Uber o DiDi, y me parece un servicio económico y mucho más eficiente que los taxis convencionales.
También he escuchado historias de terror, de jovencitas que han sido agredidas por algunos patanes que conducen esos autos.
Por eso soy partidario de que sean debidamente reglamentadas.
Sin embargo, la autoridad, en este caso el gobierno del estado, debe buscar la manera de registrar a cada unidad que circula, pues algunos delincuentes las utilizan para cometer atracos.
Estoy a favor de establecer controles a fin de tener en un momento dado conocimiento de quiénes las conducen y qué tipo de vehículo (modelo, color y características) trae cada una de esas aplicaciones.
Así como también el registro de los conductores, pues eso permitiría identificarlos en caso de que llegaran a participar en un delito, o que sus vehículos sean usados por criminales en algún hecho de violencia.
Como ciudadano es lo que más me interesa saber, y creo que a las autoridades del transporte y de Seguridad Pública debería preocuparles eso mismo, porque la situación en cuanto a delincuencia es cada vez más complicada.
Espero que no tenga un motivo económico la cacería emprendida en contra de ellas, porque entonces se desvirtúan las acciones emprendidas por el gobierno independiente.
Peor aún sería si el gobernador Jaime Rodríguez Calderón hubiera ordenado frenarlas por la competencia "desleal" que representan para las miles de concesiones, cuyo parque vehicular nada tiene que hacer contra Uber o DiDi.
Los jóvenes, y los ya entrados en años como el que esto escribe, somos asiduos clientes de dichas aplicaciones por razones de pesos y centavos, pero además por la calidad en el servicio.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Los taxis convencionales nada tienen qué hacer contra unidades mucho más económicas y sobre todo con la facilidad para localizarlas que tienen ahora los chavos.
miguelangel.vargas@milenio.com