El Sistema Nacional Anticorrupción está en riesgo no solo por la falta de acuerdos en torno a la designación del fiscal responsable, sino también porque, hasta el momento de escribir este texto, el Ejecutivo federal no ha enviado al Senado de la República los nombres de los integrantes de la Sección Tercera de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa ni de las cinco salas regionales.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) está conformado por un pleno de dieciséis integrantes; tres de ellos forman la Tercera Sección, que es el órgano máximo para los temas de combate a la corrupción. Es la máxima instancia jurisdiccional, debajo de éste se encuentran cinco salas regionales en la misma materia, con tres magistrados cada uno; es decir, son 18 magistrados, tres de la sala superior y tres por cada sala regional, que tienen que ser nombrados por el titular del Poder Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República.
El Sistema Anticorrupción está en riesgo porque el 19 de julio éste entrará en vigor pleno, y si bien la Comisión Permanente del Congreso de la Unión puede realizar estas ratificaciones, el envío de los nombres tiene que hacerse en este periodo ordinario. La ley es clara: "En los casos de nombramientos de magistrados que integren la Tercera Sección y las salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas, el titular del Ejecutivo federal deberá enviar sus propuestas al Senado a más tardar en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", es decir, en éste.
Esto significa que dichas propuestas deberán enviarse a más tardar el día 30 de abril, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor el 19 de julio de 2017. El 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá estar totalmente integrado con todos sus elementos: fiscal anticorrupción y los órganos jurisdiccionales en esta materia, que son las instancias para acudir a resolver el trámite que se dé y la imposición de sanciones en asuntos de corrupción y de las responsabilidades correspondientes.
Esta situación es preocupante para el Estado mexicano ya que pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué tipo de sistema sería sin fiscal y sin magistrados?
Si bien debe exigirse al Presidente que envíe al Senado de la República sus designaciones, no sería pertinente que en una semana de manera apresurada se desahogaran las comparecencias y después intentaran una ratificación fast track.
Qué importante sería para nuestra vida legislativa y pública que se retomara la experiencia parlamentaria y los procedimientos que existen en otros países, en donde el Poder Legislativo sustenta sus ratificaciones ampliamente. Piden informes de toda índole, no solamente de la sociedad civil; en el caso de Estados Unidos, se piden informes incluso al FBI.
Aquí todo se deja al final, como para que nadie se dé cuenta, para que sea una "bola rápida" o forzar una decisión apresurada, que pone en riesgo, con todos sus cuestionamientos, al Sistema Nacional Anticorrupción.
*Presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República
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