Llega el día, por fin. Aquel coraje del presidente tendrá su satisfacción el próximo domingo, 1 de junio 2025. No se puede dejar al país sin jueces. Y quizá si se puede enrevesarlos.
La elección popular de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación y de algunas entidades federativas se cumplirá, por fin, este 1 de junio, al menos en su primera vuelta. Se acompaña con la propaganda en la cual se relaciona la elección de estos importantes funcionarios con la voluntad popular mediante la suposición, reiterada una y mil veces, “el pueblo debe elegir a sus juzgadores”. Repetir una idea hasta el cansancio no la hace verdadera.
Nuestro país, tal como otros países, organiza la vida pública bajo dos cuestiones esenciales a la vida colectiva. Lo político y lo socio – económico. Tienen objetivos diferentes, aunque coordinados… y muchas veces encontrados. Un objetivo socioeconómico puede “sabotear” un objetivo político y viceversa. Ejemplo: Una emergencia social, por ejemplo, una inundación por tormenta lleva a los afectados a pedir una decisión de intervención del político y el aparato de gobierno, para paliar sobre todo los efectos económicos. Si no se produce tal ayuda, ese gobierno omiso o incapaz sufrirá en lo político, sobre todo al renovar el gobierno en la siguiente elección. ¿Recuerda el lector el paseo del presidente De la Madrid, transmitido por televisión, en medio del desastre del sismo del 1985, con traje, corbata y zapatos impolutos, y sin mezclarse con ningún afectado? Ahí perdió el favor popular.
Los jueces ocupan un lugar dual. Son los defensores y encargados de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos fundamentales, tanto asentados en la legislación mexicana como la establecida en tratados internacionales firmados por nuestro país. En esos derechos hay mandatos para cuidar y hacer cumplir las normas en lo económico y social, por ejemplo, el salario mínimo y la protección de la salud; y también políticos tal como es proteger y hacer cumplir el derecho a elegir libre y democráticamente a los gobernantes. De ahí la importancia del voto libre, secreto y universal en la elección de las autoridades principales del país y sus territorios. De ahí la importancia de cuidar la integridad de los jueces.
Es evidente la idoneidad de la elección democrática de los puestos directivos de gobierno, los ejecutivos al servicio de la nación y sus objetivos políticos. Al mismo tiempo el pueblo elige democráticamente a quienes conocen (o debieran conocer) las acciones necesarias para proponer y legalizar los objetivos del gobierno, cuyo cumplimiento el pueblo mejorará sus condiciones de vida socioeconómica.
En relación con los jueces la clave de sus funciones judiciales está en hacer justicia ante los maltratos y exigencias ilegales de unas personas sobre otras, sólo debido a “eres mi empleado y haces lo que yo digo pues para eso te pago”. También en hacer justicia ante la violación de los derechos humanos reconocidos por la legislación mexicana, por ejemplo, el voto libre y secreto.
Ese “hacer justicia” incluye la “reparación del daño” causado a las personas. El juez no es un investigador. Es decir, si alguien denuncia una conducta dañosa para él, su persona o sus propiedades, el juez no se dedica a investigar lo cierto o no de la denuncia. El investigador está en una oficina del gobierno llamada “Ministerio Público”, quien tiene la función de recibir la denuncia del agraviado, los datos necesarios y una primera decisión sobre dos elementos clave: Si o no hay un daño justiciable. Y si se pueden comprobar los hechos.
De otro modo: la justicia no es tarea sólo del juez. También es del gobierno para establecer la veracidad de lo denunciado. Juez y agente del Ministerio Público han de trabajar para hacer justicia al ciudadano. Por tanto, si no se elige por elección popular a los agentes del ministerio público, sólo a los jueces, la población y sus derechos están protegidos “a medias”. El agente a la hora de las finuras de la investigación dependerá de las indicaciones de su jefe administrativo, es decir el fiscal. Desde luego en la gran mayoría de los casos el agente del ministerio público podrá hacer su trabajo sin molestar al jefe. Es cierto también la existencia de casos con repercusiones políticas en las personas interesadas y aun en los criterios de las altas autoridades. En estos casos los fiscales tienen el camino ordinario lleno de posibles “tropiezos”.
Así, la cuestión es de lógica pura: Si un juez se debe al pueblo, debe ser elegido por el pueblo y… ¿Un agente del MP debe ser elegido también? Hoy un agente del MP se debe al gobierno pues le da el trabajo y la paga. Esa función es muy importante para la seguridad de la población y la justicia a quienes sufren por delitos, por tanto: ¿Conviene al MP la elección por el pueblo, y así coordinar las fuentes de legitimación de sus trabajos con los de los jueces, hoy separadas?
El INEGI nos ayuda en este tema con datos de la “Encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2024”. Vean: “En 2023, 27.5 % de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. En el mismo año hubo 21.9 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 23 323 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra superior respecto a 2022. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en la calle o transporte público y extorsión. Ocurrieron 31.3 millones de delitos: 92.9 % no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra oculta o cifra negra”. Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENVIPE/ENVIPE_24.pdf
Si sólo los jueces son elegidos por el pueblo, ¿cambiarán estos números francamente tristes? ¿O hace falta un ministerio público elegido por el pueblo? Quizá, así se puede mejorar la justicia en el país.