Diversos análisis de los efectos de la elección de un presidente republicano, más famoso por sus tropelías que por las aportaciones a su país, han abundado en las consecuencias negativas para nuestro país mexicano. Entre las más comentadas está las modificaciones sustanciales a la política migratoria con amenazas de maltrato a la economía mexicana basada en exportaciones a los Estados Unidos y mayores restricciones a los migrantes mexicanos ya asentados en ese país.
Además, una andana de frases altisonantes, carentes de sustancia, contra el Tratado de Libre Comercio, en proceso de revisión y quizá modificado en ciertos rubros favorecedores de esas exportaciones mexicanas, hoy claves para nuestra economía.
No menos importante ha sido el discurso sobre el trasiego de drogas prohibidas por la frontera mexicana – estadounidense, cuya realidad revela un contubernio entre las partes interesadas en ese asunto de ambos países, y ha motivado un discurso altisonante y a la vez engañoso, sobre la responsabilidad del gobierno mexicano en la creciente drogadicción de diversos sectores de la población estadunidense. Esa responsabilidad ha sido clara y contundentemente negada por el gobierno mexicano. Sin embargo, en el último mes se ha producido una serie de notas sobre la situación grave en el estado de Sinaloa, especialmente en la capital Culiacán, asociadas a “enfrentamientos entre facciones de delincuentes” en medio de la presencia de fuerzas federales.
Así, la elección en USA y su nuevo gobierno encuentra a nuestro país con una presidenta recién llegada en medio de disputas por causa de las últimas reformas a la constitución cuya legalidad ha sido cuestionada, y más, su utilidad para mejorar la política mexicana y apoyar la mayor protección del Estado frente a las organizaciones criminales activas en el territorio nacional. Al tiempo de los lógicos, y a veces estridentes, movimientos en las diferentes oficinas del gobierno federal causantes de inquietud entre la población, entre los líderes de la economía nacional y desde luego, la protesta y señalamiento de los adversarios políticos.
Las reformas constitucionales ¡van! El desajuste causado dará para disputas locales y rebajará la confianza en el gobierno, quien deberá “remendar los agujeros”, de las apresuradas y no reflexionadas reformas, si quiere seguir siendo popular. Ánimo.