Invertir en el petróleo de Venezuela es, posiblemente, uno de los dilemas financieros más complejos de 2026. ¿Vale la pena invertir?
A primera vista, estamos ante una oportunidad de oro: en la Cuenca del Orinoco se alojan 1.3 billones de barriles de petróleo en una extensión equivalente a 1.1 veces la de la República Dominicana, las reservas de crudo más grandes del mundo. Y tras años de desinversión, el costo de entrada para proyectos de rehabilitación es técnicamente bajo en comparación con el potencial de retorno.
La nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela del 28 de enero de 2026 ha roto el monopolio de PDVSA permitiendo a las empresas privadas la explotación y comercialización. Esto da un control operativo a las empresas privadas que antes no tenían. Además, se exonera el IVA por importación de bienes y equipos para la explotación petrolera.
Hay pozos que sólo necesitan mantenimiento básico e insumos (diluentes) para empezar a generar flujo de caja casi inmediato, y las primeras empresas en entrar han sido Chevron (ampliación del proyecto Petropiar hacia el bloque Ayacucho VIII), Shell (campos Carito y Pirital), Repsol y Eni (ambas para el gas del campo Cardón IV) y, con ellas, las grandes comercializadoras, como la North American Blue Energy Partners.
A pesar de esta apertura, la estabilidad a largo plazo sigue siendo la gran interrogación. Los posibles cambios futuros en la administración de EE.UU. y la incertidumbre sobre la transición política interna crean un entorno de alta volatilidad. ¿Qué pasará si cambia la línea en Estados Unidos y no se da la esperada transición en Venezuela?
Hay otro problema: las inversiones se topan con una infraestructura en ruinas. No se trata sólo de “sacar” el petróleo; hay que refinarlo y transportarlo, y las refinerías y puertos de embarque requieren una inversión masiva en modernización que no garantiza retornos rápidos.
También nos encontramos con el problema de la seguridad jurídica. Venezuela nos ha enseñado que es propensa a los cambios drásticos en las "reglas del juego". Hay toda una historia de expropiaciones e inseguridad institucional. Sin marcos jurídicos de protección de inversiones y jueces fiables que los ejecuten, el capital está expuesto a la incertidumbre de la arbitrariedad. Por eso, la licencia general 46 del Tesoro de los Estados Unidos permite que las empresas estadounidenses vayan a Venezuela y que cualquier pleito legal se resuelva en los tribunales de Estados Unidos. Además, la orden ejecutiva 14373 de USA, por la que se crean unas cuentas especiales dirigidas por el Departamento del Tesoro, asegura que los ingresos del petróleo no llegarán a las cuentas de PDVSA, sino a un fideicomiso blindado. Así se evitan los embargos de acreedores, y Washington vigila el uso de esos ingresos. No hay que olvidar que el estado venezolano, a través de PDVSA, debe 2,525,250,000 millones de dólares a Chevron, 1,286,184,000 a la italiana Eni, y 1,245,790,000 a Repsol, entre otros.
El hecho es que el marco institucional está cambiando, pero el sistema de impartición de justicia sigue siendo el heredado del chavismo más duro. En 25 años, ningún particular ha ganado un juicio frente al régimen chavista y todos saben que la interpretación de leyes y reglamentos puede convertirse en un campo de extorsión e inseguridad para los nuevos contratistas. El sistema judicial venezolano tiene que reformarse estructuralmente, y esta no parece ser una prioridad.
Por ello, hasta ahora, los capitales que están invirtiendo en el petróleo venezolano se enfocan en recuperar lo que ya existe y no tanto en grandes proyectos nuevos (greenfields).Vigilan con cuidado el flujo de caja, para que los pagos no queden atrapados en el sistema financiero local y para que realmente se usen las cuentas internacionales de garantía. Se contratan seguros especializados con pólizas de riesgo político para blindar el capital. Pero la idea de fondo es entrar enseguida en un mercado donde el precio del barril de referencia está inusualmente alto triplicando el precio que tenía hace un mes.