Parece que quienes pierden quisieran siempre recurrir al último pataleo. La búsqueda de la anulación -última instancia a la que nadie quisiera llegar, ni siquiera los organismos electorales-, ha aparecido como una sombra en la que la intención primera es desacreditar un proceso, descalificar su autenticidad, enturbiar con el señalamiento de vicios basado en fotografías de celulares y cosas por el estilo, ya que muy posiblemente no haya elementos probatorios suficientes. Además, el calificativo de “cochinero” sobre un proceso puede resultar un tiro en el pie, sobre todo ante el hecho de que Jalisco vivió una etapa en la que los opositores principales, en este caso el morenismo, obtuvo mayoría relativa en el Congreso del Estado, numerosos curules a nivel de la Cámara de Diputados, buena cifra de alcaldías, y dos senadurías de mayoría. En tal caso, el “cochinero” debería comprender a todos los niveles. ¿O es solo para cuando se pierde?
Otro argumento esgrimido es que no es posible que Morena haya obtenido tan elevada cifra de presión y de puestos de elección sin ganar la gubernatura. Esto no deja de ser inquietante: que un partido desdeñe, si es el caso, la opción del ciudadano para elegir de la manera que mejor le plazca para ser gobernado. El voto diferenciado es un hecho nada raro en Jalisco y en el que frecuentemente cuenta mucho la o el candidato con su nombre y apellido. Una prueba es que la senaduría de primera minoría fue entregada no a un emecista sino a un panista, Francisco Ramírez Acuña, quien es ampliamente conocido como alcalde tapatío, gobernador y un largo historial político. De Pablo Lemus siempre se habló por sus casi nueve años de ocupar las alcaldías de Zapopan y Guadalajara y, por tanto, para muchos era una figura consolidada, conocida y confiable, al menos mucho más que su contrincante principal, la morenista Claudia Delgadillo.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, naturalmente que hay leyes que tienen previsto el caso de la anulación. Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es uno de los mejores especialistas del tema, es claro en que la nulidad de la elección se da por violación a principios constitucionales. Es decir, lo primero es proteger los efectos del voto de la ciudadanía “y conservar la validez de los actos válidamente celebrados”. Como antecedente, el primer caso de nulidad en este siglo se dio precisamente en la gubernatura de Tabasco. No se ha dado otro igual a ese nivel, pasando por las impugnaciones realizadas para la elección presidencial de 2012, que no tuvieron el fin de anulación procurada. Los postulados de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establecen así que la pretensión de nulidad se da ante “violaciones sustanciales o irregularidades graves” que estén plenamente acreditadas, lo cual exige pruebas pertinentes y en cierta forma contundentes. Dichas irregularidades, además, deben ser cuantitativa y cualitativamente determinantes para el resultado de la elección. Y agrega el magistrado De la Mata: “sólo excepcionalmente frente a irregularidades graves violatorias de los principios constitucionales, plenamente acreditadas, determinantes, que su falta de impugnación oportuna esté justificada y que no haya lugar a duda, podría proceder la nulidad”.
Como es observable, la judicialización del proceso no se ve nada fácil ni se hará efectiva tomando como base actividades y posiciones políticas y no las legales. La visita que Leonel Cota, a quien se encomendó el proceso de Morena en Jalisco, semeja entonces una acción a todas luces desesperada, como para justificarse ante su propio partido y demás mandos, de lo que fue su gran fracaso. Tal vez en busca de un lugar en el próximo sexenio. Para ello no tardó en retomar actividades y volver a utilizar a la candidata Delgadillo a secundar la consecución de un eventual éxito si llegan a borrar, así, de plano, el proceso jalisciense. ¿Y en los casos ganados también hubo cochinero? Habría que preguntarles ya que Cota ha llegado hasta a hacer público que la misma presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le giró instrucciones para “recuperar” a toda costa Jalisco, lo cual de entrada se ve difícil que sea cierto, ya que la ya próxima mandataria en estos momentos ha de cuidar en esencia su imagen y no empezar a gobernar en lo que pareciera una imposición e injerencia electoral abierta y descartada. Para nadie le convendría encender una hoguera en Jalisco ni a ella, máximo que ha sostenido que buscará ya la reconciliación nacional.
Intentar una impugnación, incluso pretender la nulidad, es sin duda legítima. Lo malo es que se proceda dejando una impresión de que las cosas se arreglarán aquí por las buenas o por las malas, que la elección fue un fraude y que será necesario que los jaliscienses volvamos a las urnas. Como vimos, poco probable que así sea, aunque, incluso, ¿quién le garantiza a Morena que ahora sí obtuviera el triunfo y que sucedería si, en cambio, vuelve a perder la gubernatura?