Elecciones peligrosas

Jalisco /

El asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, deja dudas, pero cimbró hasta sus cimientos la seguridad de una pretendida elección tranquila y sin sobresaltos, que es lo que más deseamos todos los ciudadanos. Pero no hay que temer a la votación misma ya que al parecer los sucesos criminales sucedidos durante los meses recientes, tienen otra clase de interpretaciones. Por ejemplo, el caso de Gisela ha sido tomado como un ariete más de ataque de parte de la dirigencia morenista, de su candidata a la presidencia y hasta del mandatario nacional, para socavar el proceso en Guanajuato, bajo el argumento de que la aspirante celayense no fue protegida debidamente por las autoridades locales. Es probable que no haya sido suficiente y quizá ni oportuna tal protección, pero no debe olvidarse que la seguridad integral ahí, en el estado gobernado por Diego Sinhué Rodríguez y en todo México, el descontrol sobre el crimen organizado ha estado en manos ineficientes e incapaces del gobierno federal. Falta por ver a ciencia cierta el móvil de la artera ejecución, pero los signos tienden a señalar la siniestra intervención del hampa o de los cárteles en pugna e imperantes en su zona, el de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación.

Para continuar en el perfil político que se le dio al ataque para cuestionar al gobierno panista en turno, cosa en la que de manera oportunista se colgó la candidata morenista al máximo cargo estatal, Alma Alcaraz, al igual que lo hizo López Obrador para señalar el “descontrol total” del gobernador, sugiriendo que mandan otros sobre la entidad (?) y que de paso arremetió por enésima vez contra el fiscal Carlos Zamarripa por supuesta colusión con las organizaciones criminales. En otras palabras, se ha tornado difícil distinguir hasta dónde las autoridades guanajuatenses realmente han sido omisas o tal vez causantes de la inseguridad estatal y el aprovechamiento político presidencial del tema por el afán de la 4T de acabar con un bastión opositor que se mantiene desde hace mucho prácticamente imbatible.

Sin embargo, ya visto el asunto desde un plano general, la lamentable muerte de Gisela se suma a una serie de crímenes contra candidatos, aspirantes y otros actores que participan en la elección, en distintos estados y bajo distintos colores partidistas. Por lo pronto, Morena ha solicitado protección ya para 40 de sus candidatos en Guanajuato, aunque valga la consideración que los “niveles” de riesgo en los que la misma Sedena dividió a la clase política, habrá de representar la intervención de varios miles de elementos castrenses y policiacos de protección en todo el país, un desplazamiento de guardianes casi incuantificable. Y esto se acentuará ahora en todas las entidades federativas. Solamente hay que imaginar la importancia que tiene el hecho de que se anticipa ya la elección de este 2024 como la más fatídica en muchos sexenios anteriores. Hay disparidad de datos obviamente. Según el gobierno los crímenes políticos en el actual proceso no llegan a 20 pero el denominado Laboratorio Electoral manifiesta alrededor de 50. En cualquier forma, no deja de ser esto en extremo preocupante.

Ya desde enero, luego de haber recibido a quienes aspiran a la gubernatura de Jalisco, el cardenal Francisco Robles Ortega subrayó la preocupación de la Iglesia romana en cuanto a la amenaza que implica para el proceso electoral la intervención del crimen organizado. Esta postura fue ratificada de manera contundente ya en marzo por la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde en un comunicado expresó que “ es imperante que las autoridades reconozcan el grave problema que socava la democracia y la legitimidad de los procesos electorales” y que, por ello, “deben tomar medidas efectivas para prevenir y combatir esta interferencia, garantizando la transparencia y la integridad de las elecciones”.

Dicho de otra manera, al margen de la protección necesaria a los candidatos, también deben bajar de tono señalamientos y expresiones que de alguna manera polarizan y empañan la legitimidad del proceso. También es reconocido el hecho de que el país sufre por lo menos en una tercera parte de su territorio, la presencia del crimen organizado que busca gobiernos a modo para seguir ejerciendo sus cotos de poder y protección en determinadas localidades y municipios. Las actitudes de gobernadores morenistas de Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, etcétera, no tienen cara para desvivirse en elogios al presidente y en aplaudir su estrategia de seguridad, cuando en sus entidades se viven niveles de violencia muy elevados y el riesgo latente de que el hampa prosiga cooptando funcionarios, alcaldes, diputados y políticos en general, para no perder su capacidad de empoderarse en favor de sus actividades ilícitas.

Los crímenes políticos son un pesado lastre para la vida democrática. En México este gobierno se ha visto, con ojos propios y ajenos, como una nación fallida en materia de seguridad pública. Debe dolernos que así sea puesto que quienes aspiran a los puestos políticos escogiendo la vía democrática, merecen la protección no solamente de orden policial o de custodia, sino el respaldo de toda la población, sea cual sea su filiación. Queremos una elección en paz, repudiamos todos la violencia que ensombrece la vida nacional en todos sus aspectos, incluyendo naturalmente el político. No se trata de pasar la bola y echar culpas a diestra y siniestra. Lo que debe importarnos en una elección que no sea peligrosa para nadie y poder irnos a expresar el 2 de junio con seguridad y en paz en las urnas.


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