Los datos recientes sobre ajustes en las participaciones federales a los estados, restricción en la que está en alto grado involucrado Jalisco, pone otra vez a discusión el porqué a esta entidad se le otorga un trato injusto en ese sentido cuando sus aportaciones al gasto general de la república están entre las principales y más cuantiosas a través de los impuestos que pagan los jaliscienses. Se trata de una disminución de alrededor de 2,500 millones de pesos que es obvio impactarán en los programas gubernamentales tanto del estado como de los municipios.
Esta cuestión casi ha sido un planteamiento continuado desde hace varios sexenios pero que se ha venido acentuando con las presidencias morenistas. Hay que recordar que el anterior gobernador, Enrique Alfaro, batalló por ello y no fue atendido. Hoy, desde luego, que partir de la base de que estamos dentro de un pacto federal y que lo que arrojan puede parecer descabellado que unos aporten mucho más que otros, naturalmente recursos de los que más generan en beneficio de los menos pudientes. Hasta ahí, aunque sea teóricamente, la situación se ve positiva, pero no lo es en cuanto a que las cosas se salgan de plano de toda proporción que en mucho va más allá de la genuina política distributiva de recursos. Alfaro, en su caso, llegó a afirmar que era realmente lo que el gobierno federal enviaba a Jalisco era mucho menor a lo que los habitantes de este estado generan. La cuestión llegó a apreciarse a tal punto que el exgobernador amagó al federal de “salirse” del pacto federal si no había mayor justicia en este importante, por lo que se ve, continúa el problema acentuándose en este aspecto, pero no se ve una respuesta de la Federación. Lo que es peor es que, además de la injusticia en cuanto a lo que aquí obtiene la hacienda pública federal y lo que regresa. Una disminución en lo previamente aprobado en la Legislatura nacional, significa simple y llanamente una nueva agresión a las finanzas estatales que significará seguramente menos obras y servicios, programas de apoyo económico para el desarrollo, etcétera.
Antes de pensar como Alfaro, casi como si se pudiera romper en famoso pacto a través de una especie de guerra de independencia pata formar la república soberana de Jalisco, en verdad debe procurarse una mejor relación y diálogo entre ambos niveles de gobierno. Sabemos que, pese a lo que se dice en el discurso político acostumbrado, las relaciones no parecen nada buenas y en ello cuenta mucho el trato que se da a los estados que optaron por un partido diferente al de la presidencia. Solamente hay que ver la manera en que la presidenta actual ventila los asuntos críticos de una entidad “opositora”, como acontece en Chihuahua, a la de un estado que gobierna su partido, como Baja California. Las dos gobernadoras han entrado en el campo del conflicto, pero en realidad es la morenista la que recibe el trato preferencial de Palacio Nacional. Ni qué decir la manera en la que se trata a los gobiernos de unos y otros, o a sus personajes. Para Adán Augusto López o Rubén Rocha, todo el respaldo presidencial. Para ellos justicia y gracia y para los no amigos, justicia a secas, como ya comentábamos anteriormente.
Para Jalisco, esta mala distribución se refleja ya en muchas cuestiones, como la del problema crítico del agua, tema en el que para resolverlo es obligada la participación federal. Y eso que de la Federación penden todas las obras hidráulicas necesarias para llevar las emprendidas por anteriores gobiernos en esta materia. Dicho se otra forma, los gobiernos de Morena no han hecho válido el principio de trato igualitario, salvo algunas excepciones. No han sido gobiernos que estén dispuestos a dar a Jalisco lo que en realidad merece por sus aportaciones al gobierno de la república y a otros estados.
No viene al caso mencionarlo, pero no pasó lo mismo con gobiernos federales precedentes, aunque no fueran afines en la línea de su partido. Hay. Claro, que citar el caso de los gobiernos desde López Mateos hasta los panistas, que se esforzaron por dotar a la entidad de la infraestructura requerida para su desarrollo. En cambio, la realidad presente es muy diferente y en gran medida bien podría calificarse de injusta. En efecto, la relación entre Estado y Federación dista mucho de las condiciones más positivas posibles, inclusiva pata ambos.
Ojalá y las cosas cambien, como sería una intervención más trascendental para garantizar el abasto de agua a Jalisco o no escatimarle los recursos necesario para que avancen los programas locales, incluyendo el de seguridad pública o el de fomento la economía. Habría mucho que esperar todavía de la relación Estado-Federación. A fin de cuentas es lo mejor para Jalisco y para México.