Cuando fracasaron las dos primeras intentonas del presidente para modificar la Constitución -los llamados Plan A y Plan B, éste echado para atrás por la Corte-, se dio no solamente la ruptura total con el Poder Judicial y con su presidenta, la ministra Norma Lucía Piña, sino que surgió casi como una admonitoria la reiteración de que sería lanzada una tercera iniciativa, el llamado “Plan C” para conseguir sus objetivos. Claro que este último “plan”, lo dijo AMLO en medio de manifiesta ira, procedería, para no perder, con cambiar reglas una vez lograda la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en la elección federal del próximo año. Es decir, borda en el supuesto de que Morena y sus aliados arrasarán y tanto la Cámara Baja como la Alta, tendrán suficientes votos para hacer, literalmente, las modificaciones constitucionales o lo que se les antoje, apenas a un par de meses de concluir la administración de López Obrador. Como se sabe, por ahora los objetivos centrales están en cambiar estructura y operación del INE, eliminar de plano la representación proporcional en ambas cámaras y, con enorme interés del mandatario, lograr que los ministros de la Corte, una vez filtrados por los otros poderes, sean electos mediante voto popular.
Esto, a su modo de ver, cambiaría la justicia y haría más efectivo el funcionamiento del organismo encargado de los procesos electorales. La verdad, parece solamente encubrir el retroceso, la vuelta hacia atrás, a los reductos históricos donde el Estado podía decidir y controlar con características de absolutismo sobre el devenir del país. Este “sueño” presidencial para muchos encubre su intención de lograr que su partido o su llamada “transformación” perdure indefinidamente, y sin contrapesos de ninguna clase. Empero, ya en el terreno real se ve difícil que lo logre. Aspira a que la corriente que representa en efecto gane los suficientes escaños de diputados y senadores como para alcanzar la mayoría absoluta, lo que no parece nada fácil: para ello requeriría ganar 334 de las 500 diputaciones y 85 de 128 senadurías.
Desde luego que esto va muy vinculado a la elección presidencial misma. Claudia Sheinbaum no tuvo reparo en días pasados ante el auditorio de la Guelaguetza de Oaxaca, repleto de seguidores y acarreados, al decir que esto es ya una “orden” del mandatario nacional (se le olvidó lo del bastón) y también por otro lado se propuso la meta de conseguir 35 millones de votos, o sea cinco millones más que el propio López Obrador. El optimismo de la virtual candidata morenista raya en lo despectivo, como el afirmar que los opositores se van haciendo “chiquitos” y cosas por el estilo.
El tema es ¿qué pasará si Morena y anexos no logran tales metas? ¿qué sucederá si, aun ganando, se topa con un Congreso que no le favorezca, incluso que le sea contrario? O lo dizque increíble, ¿qué acontecería si al paso de los meses y de las campañas Sheinbaum, con todo el apoyo estatal que desde ahora tiene, se va desgastando junto al final de esta administración obradorista y asoma hacia un eventual fracaso?
Los pronósticos en verdad no pueden ser los de conseguir “arrasar” en el proceso federal. Al menos no lo parece pues en automático la misma población empieza a hacer corte de caja y a dar cuenta de que muchas promesas están quedando fallidas. El aspecto de seguridad es una sombra tremenda sobre la gestión de AMLO, misma que cada vez se torna más peligrosa y el peor lastre para su fin de mandato. En estos días se elevaron escandalosamente los acontecimientos trágicos, los secuestros especialmente de jóvenes, los asesinatos a mansalva e incluso el alarde de poder de los cárteles como el de Sinaloa que “desfiló” tranquilamente por localidades en la frontera sur del país. El susto fue tal que hasta las autoridades guatemaltecas “blindaron” con sus tropas su colindancia con México. En cambio, AMLO minimizó el asunto, dijo que era algo “muy limitado” y que más bien se había exagerado en publicarlo. Todo sigue la misma tónica y discurso cuando no es explicable ni hay justificación en cuanto al papel del Estado: es una herencia maldita del pasado. David Moreal, gobernador del atribulado Zacatecas descaradamente lo reiteró así e igual lo hacen los demás estados que gobiernan los guindas. Luego vendrá la evaluación de todo lo demás, como la atención a la salud que por lo visto nunca tendrá que ver nada parecido a la de Dinamarca.
Pero, naturalmente, desde el mismo presupuesto surgen las soluciones, se arma la “4T” con su más valioso instrumento, los programas sociales. Y, en efecto, cómo contrarrestar la voluntad de millones de mexicanos que en el próximo año contarán con apoyos en efectivo y en directo de nada menos que de 724 mil millones de pesos, por citar un ejemplo. El Plan “C”, aunque impensable y antidemocrático (la búsqueda del “carro completo” del pasado), no es descartable. Pero, si no se logra, ¿habrá un Plan D, o E, o lo que sea con tal de mantener y seguir ejerciendo el poder?