Lo que está por resolverse –en el INE a más tardar el 23 de agosto y posteriormente en tribunales– es un asunto de inmensa relevancia: la asignación de diputaciones plurinominales. Estas curules no gozan de gran popularidad porque se les consideran vehículos para que los institutos políticos lleven al Congreso, sin que medie la aprobación popular, a los mejores defensores de su agenda, pero, sobre todo, por la diseminada falacia de que no hay votos detrás de esas designaciones.
La realidad es todo lo contrario. Las diputaciones plurinominales buscan atenuar la distorsión que provoca la elección por mayoría en los 300 distritos electorales. En esos distritos la diputación se gana con la mayoría simple de votos. Pero no es lo mismo ganar una elección cerrada que se dividió. Por ejemplo, en tercios casi perfectos por lo que una mayoría de 66 por ciento no votó por quien ganó la elección, que ganarla ampliamente con 80 por ciento de los votos. Para ponerlo claramente, las personas que optan por partidos que en su distrito pierden, son castigadas por estar dispersas en la geografía nacional, ya que, si se agruparan, podrían llevar a los candidatos postulados por sus siglas hasta la Cámara.
Es aquí donde entra la representación proporcional, que desaparece el factor geográfico y asigna diputaciones, considerando la fuerza de cada instituto político.
Sin embargo, esta corrección es un borrón en una plana que se enmienda y, por lo tanto, no es perfecta. Puede ocurrir que un partido a pesar de esta asignación se mantenga subrepresentado, y por lo tanto puede llevar a que algunas formaciones políticas se sobrerrepresenten. Ante el riesgo de ello, la legislación prevé topes: ningún partido puede tener más de 300 diputados (salvo si hubiere ganado todos los distritos) y ningún partido puede obtener un porcentaje ocho puntos mayor en la Cámara que el obtenido en la votación. Pero, ¿qué pasa cuando no es un partido sino una coalición la que está siendo evaluada?
Una interpretación literal nos aleja de la vocación original de la norma que era reducir la distorsión. Pero, ¿pueden las autoridades leerla diferente? Todo depende cuál es el valor que busquen privilegiar.