La aplanadora se echó a andar de nuevo en la Cámara de Diputados (y Diputadas) para aprobar una iniciativa presidencial que reforma la Constitución. Pero esta vez, al bloque mayoritario se sumó la oposición hasta conseguir la unanimidad. Y es que se trataba de un tema con el que era difícil, por no decir imposible, no estar de acuerdo: el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas plenamente como sujetos de derecho público. Con esto se consagra su posibilidad de manejarse por regímenes propios para determinar sus autoridades, la garantía del Estado mexicano de brindarles un trato “justo ante la justicia” al contar con traductores, intérpretes, perspectiva de género y de diversidad cultural y lingüística cuando sean parte en un proceso, así como el compromiso de difundir sus idiomas y respetar la práctica de la medicina tradicional.
Pero esta unanimidad al respecto es muy reciente, ya que ha requerido una evolución importante en la manera de entender la igualdad de derechos. La perspectiva liberal pura, que pretendía leyes idénticas para todas las personas, evidenció su deficiencia al incrementar las injusticias. Y es que como lo explica el jurista Fernando Rey, en una sociedad desigual, un derecho neutro no es algo neutral. Éste es el origen de las acciones afirmativas que tienen como objetivo crear un piso parejo para todas las personas. Sin embargo, en el caso de esta reforma constitucional o, por ejemplo, en el caso de la paridad de género, no estamos ante medidas afirmativas, toda vez que no se trata de acciones temporales buscando paliar una vulneración. Aquí la gran virtud de lo aprobado, se trata del reconocimiento hacia esa diversidad como un hecho incontestable, permanente, enriquecedor y digno de ser promovido. Las personas integrantes de los pueblos originarios, sus costumbres, normas y tradiciones no tienen que cambiar para adaptarse, son nuestra democracia y sus instituciones las que deben ser lo suficientemente maleables para integrarlas. Ojalá que este entendimiento partidista sobre lo importante abra la puerta al diálogo y la negociación que protejan otra pluralidad, la ideológica, que enriquece a todo parlamento.