Política fiscal y donativos

En la Cámara de Diputados se está discutiendo el paquete económico para el año próximo. No hay política pública que no se refleje en las finanzas gubernamentales, ya sea por su afán recaudatorio, o bien por ser el destino de recursos del erario. En lo que respecta a la miscelánea fiscal, evidentemente, el tema central es de dónde vendrá el dinero con el que el gobierno llevará a cabo sus programas, pero eso es solo un ángulo para su análisis, ya que, además, la decisión de a quién, cuánto y por qué cobrarle impuestos o acreditarle deducciones es uno de los instrumentos más eficaces para incentivar o inhibir conductas. Frecuentemente, los gobiernos están dispuestos a deducir de impuestos por la adquisición de prestaciones que el Estado está obligado a brindar para materializar el acceso a los derechos humanos. Por eso podemos deducir las aportaciones que hagamos a donatarias que brindan a personas en situación de vulnerabilidad beneficios como alimentación, consultas médicas o becas escolares. Se trata de los particulares asumiendo, por mera solidaridad, responsabilidades hacia personas que, de otra manera, solicitarían dichos beneficios al sector público.

Y es justo este último elemento que se pretende transformar en la propuesta que desde el Ejecutivo se envió a la Cámara Baja. Los donativos pasarían a formar parte de la misma bolsa topada en la que se contabilizan los demás gastos deducibles de las personas físicas. Es decir, el gobierno estaría asestando un golpe fuerte, quizá letal, a muchas organizaciones que hoy, digámoslo en términos llanos, le están ayudando a sacar su chamba: aquí están lo mismo la Cruz Roja que el Teletón, por ejemplo. Difícil encontrar la lógica en ello: el ahorro vía lo que entraría como impuestos no compensa ni de lejos el gasto que significará brindar esos beneficios a las poblaciones afectadas. Argumentan algunos que bajo el amparo de estas facilidades ha habido abusos, pero, ¿no sería mejor entonces fortalecer la fiscalización? A menos, claro, que el objetivo no sea ahorrar, sino desarticular la movilización social y la solidaridad, es decir, ir en contra de aquello que nos hace comunidades resilientes y democráticas.