La enseñanza especial que reciben jóvenes con alguna discapacidad en más de 300 planteles de educación media superior está en riesgo de desaparecer por el plan de austeridad del gobierno federal”: fue ayer la nota principal de El Universal, firmada por Alexis Ortiz, quien también consigna que el programa de Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad que, a decir de Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, debería contar con 670 millones de pesos para su operación, tiene asignados en el proyecto de PEF para 2020 solo 34. El funcionario hace un anuncio encomiable: la SEP tratará de negociar con Hacienda una ampliación del techo presupuestal. La entrevista, es de suponer, es parte de la estrategia.
Consulto el sitio y las redes sociales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para el que el asunto debería ser prioridad. Lo más cercano a un pronunciamiento al respecto son unas declaraciones de su presidenta en la inauguración de un Curso Internacional de Alta Formación en el que habla de la importancia de la educación inclusiva y de abrevar de experiencias internacionales. Muy bien. También muy insuficiente: no hay mención de la necesidad de asignar un presupuesto digno a esos esfuerzos, y menos del trabajo de los CAED, hoy amenazado. No hay interpelación al Legislativo, y menos al Ejecutivo. ¿Cómo podría ser de otro modo si Conpred es, por diseño institucional, dependencia del Poder Ejecutivo, sectorizada en la Secretaría de Gobernación?
Quienes hace casi 20 años nos sumamos al esfuerzo de Gilberto Rincón Gallardo en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, cuya tarea fuera pensar lo que un día sería Conapred, imaginamos un órgano autónomo, interlocutor no sumiso del gobierno federal, fuera cual fuera su signo político. Por rejuegos de la política, eso no fue posible entonces ni interesa a nadie ahora: tenemos, más allá de quien la presida, una instancia de combate a la discriminación que antepone a los intereses de los ciudadanos los del gobierno al que pertenece.
Hoy, casi 28 mil personas ignoran si podrán seguir estudiando.