Luego de que el pasado 8 de septiembre, el Tribunal Electoral local desechara de plano el recurso de apelación 54/2024, mediante el cual se pretendía que se le asignara al actor una diputación plurinominal, de Morena, por acción afirmativa del grupo LGBTIQ+.
La esperanza quedó en el recurso de defensa de los derechos de la ciudadanía presentado por la activista Denisse Mercado Palacios, candidata plurinominal morenista por la acción afirmativa de la diversidad sexual (TE-RDC-70/2024).
Sin embargo, el pasado 13 de septiembre, este recurso fue declarado infundado al considerar que “la obligatoriedad legislativa se cumple desde que los partidos políticos deben postular por lo menos una fórmula integrada por personas de la comunidad LGBTQI+, y en el caso, la ciudadana Ercilia puede acceder siempre y cuando se cumplan las reglas que rigen la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional”.
Aun cuando la sentencia del expediente TE-RDC-70/2024 fue aprobada por mayoría de cuatro votos, la cadena impugnativa no ha terminado: por lo que, los argumentos de la activista Denisse Mercado y los vertidos en su voto discrepante por el magistrado René Osiris Sánchez aún pueden impactar la integración de la LXVI Legislatura.
El problema jurídico que Sánchez Rivas consideró se debía resolver, esencialmente, es si el mandato de igualdad y no discriminación exige la implementación de acciones afirmativas que garanticen el acceso de la comunidad LGBTQ+, en los procesos de designación o elección de cargos públicos de relevancia, como una diputación local.
Un planteamiento que la consejera Carla Humphrey ha apoyado en sus intervenciones en el pleno del Consejo General del INE.
En cuanto a los motivos de disenso del magistrado René Osiris está la omisión de vincular al Congreso del Estado de Tamaulipas y al Instituto Electoral de Tamaulipas para la implementación de medidas efectivas que garanticen la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en el cargo de una diputación local, considerando que, actualmente, las normas vigentes no contemplan un mecanismo que garantice una integración del Congreso con miembros de la comunidad LGBTQ+, uno de los grupos de atención prioritaria que han sido víctimas de discriminación por larga data.
Además, explica que la ausencia de medidas efectivas para garantizar dicha inclusión impide la representación y participación efectiva de las personas de la diversidad sexual en la vida política del país, lo que constituye una violación al principio de igualdad y no discriminación.
Aunado a un contexto global caracterizado por discriminación, la violencia sistemática y derivado de prejuicios profundamente arraigados en normas heteronormativas y cisnormativas, la exclusión de la comunidad LGBTIQ+ de los espacios de toma de decisiones políticas agrava su marginación.
Por lo anterior, es necesario que los tribunales analicen el impacto de la ausencia de acciones afirmativas efectivas y eficaces en la representación adecuada de la diversidad sexual; no hacerlo permitirá que se perpetúe la exclusión de sus necesidades y demandas en las agendas públicas, consecuencia que se debe considerar al resolver sobre la diputación arcoíris local en vilo.