En México, el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, principios constitucionales que surgen de siglos de resistencia contra sistemas políticos de todo el mundo donde el poder se concentraba en reyes, élites, corporaciones o jefes de familia.
En Europa, durante la Edad Media, nunca se reconoció el derecho al voto para todas las personas. Según el sociólogo estadounidense David Sills, hasta el siglo XIX en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos sólo podían votar quienes eran miembros reconocidos de la comunidad por su linaje, por pertenecer al clero o por su vinculación con poderosos.
Tiempos del voto censitario a los que nos quiere regresar el panista Javier Albarrán quien ha propuesto se dé reversa a nuestra democracia y se eliminen los principios que sostienen el sufragio moderno, con el fin de dar paso al “household voting".
El “household voting” o “un voto por familia" se refiere a un modelo que otorgaría el voto del hogar al esposo. Una idea medieval que resurge en Estados Unidos por activistas tradwife como Erika Kirk, la viuda de Charlie Kirk, asesinado durante una gira para revitalizar el movimiento conservador juvenil.
Si bien, desde la perspectiva del derecho constitucional norteamericano existe una posibilidad formal de eliminar el reconocimiento constitucional del voto femenino; en México esa posibilidad no existe.
A diferencia de Estados Unidos, donde una enmienda constitucional permite derogar a otra; la Constitución mexicana, desde 2011 incorporó el principio de progresividad y el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos, lo que impide reformas regresivas.
Además, de acuerdo con la jurisprudencia "Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. Su Concepto y Exigencias Positivas y Negativas" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.”
En consecuencia, el Poder Reformador de la Constitución mexicana tiene un poder limitado condicionado al cumplimiento y observancia de los principios constitucionales y obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano. Una limitación material que ignora el panista Javier Albarrán, así como la grave problemática de la violencia familiar y el machismo que asola a los hogares en México y en todo el mundo.
El medieval "household voting" del "joven más votado del Estado de México", como se autodenomina Javi Albarrán, lo tiene en prensa nacional. Propuesta regresiva que difícilmente le reportará réditos políticos; por el contrario, su evidenciada falta de conocimiento y sensibilidad ante las problemáticas de los hogares mexicanos puede restarle apoyos.
Por ello, lejos de consolidar su liderazgo, esta propuesta medieval amenaza con convertirlo en el rostro de una visión anacrónica que lo margine de la renovación política que su propio partido y del ánimo del electorado.