Con la reforma al Poder Judicial publicada el pasado 15 de septiembre, en 2025, las mexicanas y los mexicanos podremos elegir de manera paritaria los altos cargos del Poder Judicial: nueve ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 17 magistraturas electorales (dos de la Sala Superior y 15 de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), alrededor de 450 magistraturas de Circuito y 215 jueces y juezas de Distrito.
La paridad no se limitará a la postulación, sino que se extenderá a la integración efectiva de los órganos judiciales.
Para María Inés Tula, el concepto de paridad no solo se refiere al número de mujeres en posiciones de poder, sino que implica una transformación cualitativa en los procesos de toma de decisiones para hacerlos más inclusivos y democráticos.
No obstante, para que estas decisiones sean posibles, es necesario que los órganos estén integrados de manera paritaria.
En 2019, la reforma constitucional de “Paridad en Todo” apuntó en este sentido, sentando las bases para conformar paritariamente los diferentes poderes y niveles de gobierno.
A un lustro de su entrada en vigor, muchos ámbitos aún reportan amplias brechas de género, uno de ellos es el Poder Judicial de la Federación.
Según datos del Inegi de marzo de 2024, la conformación del personal adscrito al Poder Judicial de la Federación es paritaria.
Sin embargo, en los altos cargos, como las magistraturas y juzgados, la paridad aún es una meta lejana.
De los 1,647 cargos registrados en 2022, el 71.9% correspondió a hombres y el 28.1% a mujeres, una brecha de casi 44 puntos porcentuales.
A raíz de la reforma de 2019, en el Poder Judicial de la Federación se percibieron esfuerzos por reducir las brechas; en ese mismo año, el Consejo de la Judicatura Federal emitió la convocatoria para el primer concurso exclusivo para mujeres a efecto de designar 25 juezas de distrito, la cual justificó con la estadística por género:
“Para lograr que en las categorías superiores de la carrera judicial exista igual número de mujeres y de hombres […] tendría que haber 432 magistradas y […] y 291 juezas […] por lo que tendrían que incorporarse como titulares de órganos jurisdiccionales a 275 magistradas y 159 juezas, si se quiere llegar a un equilibrio de género”.
A pesar de que solo se nombraron 25 juezas, las convocatorias subsecuentes para nombramiento de jueces dejaron de tener perspectiva de género.
Consciente de estas amplias brechas de género en el ámbito judicial, la consejera Carla Humphrey, durante la sesión de inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, se comprometió a realizar un marcaje personal para garantizar el cumplimiento de la paridad, así como para prevenir y sancionar, en su caso, la violencia política contra las mujeres por razón de género.
Por su parte, la consejera Claudia Zavala destacó la importancia de cumplir con el requisito de “8 de 8 contra la violencia de género”.
La implementación de estos criterios de paridad en las elecciones de 2025, que promoverán una justicia más inclusiva y democrática, enviará los techos de cristal del Poder Judicial directamente a la trituradora.