La informalidad es síntoma: el reto es abrir la puerta de la formalidad

Ciudad de México /

En México solemos hablar de informalidad como si fuera un “enemigo” al que hay que perseguir, pero este enfoque no solo es injusto: es ineficaz. La informalidad, en la práctica, es un síntoma. Un reflejo de barreras —costos, trámites, falta de incentivos y abandono del territorio— que empujan a millones de personas y negocios a operar fuera del marco formal, aun cuando su aspiración sea crecer, emplear y vivir con certeza.

Por eso lo digo con claridad: la informalidad no es el enemigo; es el síntoma. El verdadero enemigo es el entorno donde formalizar resulta difícil, caro o riesgoso; donde permanecer en la legalidad se vuelve una desventaja competitiva; donde el negocio familiar tiene que elegir entre sobrevivir o cumplir.

Los datos muestran la magnitud del reto. Al tercer trimestre de 2025, México registró 59.5 millones de personas ocupadas: 55.4% en informalidad y 44.6% en formalidad. En empresas, el rostro es igualmente claro: existen 6.1 millones de MiPyMEs (99.8% de las unidades económicas) y 67% opera fuera de la formalidad.

Estas cifras no deberían alimentar un discurso de “culpas”, sino una pregunta sencilla: ¿qué estamos haciendo para que formalizar sea una decisión viable… y para que la formalidad sea sostenible?

Cuando miramos el tamaño económico del fenómeno, la urgencia se vuelve evidente: la economía informal aporta 25.4% del PIB. Eso equivale a más de seis billones de pesos en actividad que hoy opera con baja protección pero con alta vulnerabilidad. No es una victoria; es una señal: detrás hay personas sin seguridad social, sin derechos laborales plenos y sin certeza para su familia. Y también hay negocios que no acceden a crédito, que no entran a cadenas de valor y que, por lo mismo, no pueden crecer con estabilidad.

Además, hay señales de presión sobre la formalidad que merecen atención pública. Entre 2024 y 2025 se registró una disminución de 43,578 registros patronales en el IMSS, mientras aumentaron en 900 mil las altas como personas físicas con actividad empresarial en el SAT. Más allá de interpretaciones, el mensaje de fondo es claro: México sigue emprendiendo, pero demasiadas veces fuera del empleo formal. No por falta de voluntad, sino por falta de condiciones.

La formalidad no es un trámite: es protección y futuro. Significa seguridad social, estabilidad familiar, acceso a crédito, mejores ventas y piso parejo: que cumplir la ley no sea desventaja. Sin embargo, para millones esa puerta se siente pesada desde el inicio: abrir un negocio puede implicar alrededor de 28 mil pesos solo en trámites. Luego vienen los costos de permanencia, la carga administrativa y obligaciones que, sin incentivos y simplificación, golpean especialmente a la micro y pequeña empresa.

Por eso, si de verdad queremos avanzar, necesitamos cambiar el enfoque: menos narrativa de confrontación y más política pública pro-formalidad. No se trata de castigar; se trata de facilitar. Y hacerlo desde el territorio, donde vive la economía real.

La ruta de formalización productiva pasa por seis frentes: formalización fácil (simplificación real y acompañamiento); productividad y digitalización (formalizar debe ser rentable); financiamiento e inclusión; legalidad y competencia pareja (incentivos que premien el cumplimiento, como la deducibilidad al 100% de los costos de nómina, y mesas técnicas para monitorear empleo formal y productividad); territorio y articulación (municipio por municipio); y seguridad y paz, porque sin tranquilidad no hay inversión ni formalidad.

Este planteamiento no busca polarizar. Al contrario: coincide con la meta nacional de prosperidad compartida y con la necesidad de que el desarrollo se traduzca en resultados medibles en barrios, mercados y municipios. Pero plantea una verdad ineludible: no hay prosperidad posible si normalizamos que más de la mitad del empleo sea informal, ni habrá crecimiento real si el que cumple sigue compitiendo en desventaja.

La conclusión es simple: la formalidad no debe ser un privilegio; debe ser un camino accesible. Y la responsabilidad pública —gobierno, sector privado y sociedad— es abrir esa puerta, no cerrarla.


  • Octavio de la Torre de Stéffano
  • Presidente de Concanaco Servytur
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