En todo el país, las MiPyMEs —principalmente negocios familiares— sostienen la vida económica cotidiana.
Representan el 99.8 por ciento del total de unidades económicas y generan más del 70 por ciento del empleo formal. Pero también son responsables de casi el 97 por ciento del empleo informal, un dato que revela la profundidad del desafío estructural que enfrentamos como país.
El 67 por ciento de estas empresas siguen operando en la informalidad. No por falta de voluntad, sino por falta de condiciones. Hoy, en México, ser formal es más caro, más riesgoso y más complicado que ser informal.
La estructura fiscal, legal y burocrática parece diseñada para castigar al que quiere hacer las cosas bien.
Acceder a financiamiento, seguridad social o innovación tecnológica se vuelve casi imposible para quienes están fuera del sistema. Y entrar al sistema implica afrontar una jungla de trámites, reglas mal diseñadas y costos desproporcionados.
Por eso, la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares G32 ha levantado la voz con fuerza y claridad. Esta organización impulsa un modelo de transición a la formalidad basado en la realidad, no en la teoría. Su propuesta es gradual, práctica y humana: no más reglas que asfixien al que emprende, sino un camino viable que invite a crecer.
Su visión pone en el centro a la economía de mostrador, esa que se sostiene cada día cuando suena la caja registradora. Y propone una agenda concreta: incentivos fiscales, certeza jurídica, educación financiera y liderazgo empresarial con visión de largo plazo.
La formalización, dice G32, no debe sentirse como una trampa. Debe agregar valor. Debe profesionalizar, conectar a nuevos mercados, ofrecer mejores condiciones laborales y permitir la sostenibilidad del negocio familiar.
Hoy, las microempresas —que conforman el 94 por ciento del total— son las más afectadas: el 75 por ciento trabaja fuera de la legalidad.
Necesitan más que discursos: requieren herramientas, formación, acompañamiento real y entornos que favorezcan la confianza.
Desde G32 se impulsa una nueva cultura de liderazgo. Un liderazgo que no solo piense en el siguiente reporte trimestral, sino en la transformación de fondo que urge al país. A través de redes de apoyo, mentoría empresarial y alianzas público-privadas, se trabaja para empoderar a los pequeños empresarios desde la raíz.
Pero hay una verdad que no se puede seguir ignorando: la informalidad es un gran negocio… para unos pocos. No para México. Mantener millones de empresas en la sombra no solo debilita la economía; impide que el país avance en justicia social, productividad y competitividad.
Y mientras el gobierno no cambie su forma de abordar el problema, seguirá repitiendo recetas que solo alimentan la trampa de la precariedad. La economía real —la del hogar— seguirá pagando el costo de una estructura que favorece a los grandes y margina a los pequeños.
Detrás de esta realidad hay intereses y sobre-regulación que protegen privilegios. Por eso, si en verdad creemos en la frase “primero los pobres”, tenemos que empezar por poner primero a los negocios familiares.
Porque ningún país puede crecer con su base productiva excluida. Y México no será la excepción. Es momento de pensar en grande por los pequeños.