A tres lunes de que entre en funciones la nueva estructura del Poder Judicial, los trabajos de transición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzan “sin contratiempos”, según lo declaró hace unos días el presidente entrante de la misma, el maestro Hugo Aguilar Ortiz; Sin embargo, fuentes de esta columna nos indican que en el Consejo de la Judicatura Federal avanzan muy lento, casi paralizados, y que el tema podría incluso estar incurriendo en desacato.
Todo indica que para estas fechas debería estar corriendo un plan de trabajo en el todavía existente Consejo de la Judicatura Federal —que encabeza la ministra Norma Piña— para transferir sus recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales al Tribunal de Disciplina Judicial; así lo dice a la letra el Artículo Sexto Transitorio de la reforma judicial incluido en la Constitución.
La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación apunta en sus transitorios que deben constituirse una Comisión de Transición, “integrada por cinco miembros: la ministra presidenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el electo por la persona titular del Ejecutivo federal, la consejera decana elegida por el Senado de la República y el decano electo por el Poder Judicial de la Federación”.
Los registros señalan que esa comisión fue efectivamente constituida el pasado 10 de enero de este 2025, presidida por Norma Piña; a finales de febrero la presidió la magistrada Mónica Soto y a mediados de mayo el consejero de la Judicatura, Sergio Molina. Y si bien se definió que ese grupo de trabajo sesionaría todos los miércoles, no ha habido, por ejemplo, resultados ni claridad alguna de que así se haya efectuado.
Palabras clave
Si bien aún falta la designación desde los poderes del Estado de los personajes que integrarán el Órgano de Administración Judicial para transferirles todas las funciones relacionadas con el presupuesto y con la carrera profesional de los juzgadores, los temas de expedientes jurídicos y de control interno debieron estar resueltos desde hace semanas y no es así. De manera que algún o algún constitucionalista bien pudiera tener elementos para señalar que los funcionarios designados a cuidar los preceptos de la Carta Magna no lo estén haciendo .