Por un lado parece que por atenuar las flagrantes faltas y conflictos de interés de la que fue la primera presidenta del instituto -llegada al cargo con promoción, apoyo y para conveniencia de la 4T, como se ha evidenciado incluso con los comentarios elogiosos del anterior presidente y de la actual presidenta y sus séquitos- se está tratando de convertir la crisis en oportunidad del régimen para hacer germinar la idea de dinamitar y rediseñar o reconstruir al instituto electoral pretendidamente ya sin corrupción, con mayor credibilidad, autonomía y neutralidad para recuperar.
La idea que se trata de instalar es que la corrupción ha estado arraigada por décadas en el instituto y en los OPLES, lo que incluso fue el caldo de cultivo para perpetrar los fraudes de los que históricamente se ha quejado la oposición que hoy es gobierno (y que suele quedarse conforme sólo cuando lo resultados le favorecen), es la narrativa en la cual hoy renuevan sus reproches y la intención presidencial de fiscalizar, de entrada, procesos de adquisiciones de los últimos 25 años cuando otros personajes encabezaron el instituto.
La presunción es que todo ello estuvo también sujeto a un contubernio histórico con un grupo de contratistas que presuntamente actuaron truculentamente para dominar las licitaciones o concursos de material electoral y beneficiarse alternadamente de manera tramposa, lo cual, si se demostrara, sería indefendible (salvo por la circunstancia que posiblemente se audita por consigna y eso puede ser costoso para la credibilidad de los entes fiscalizadores).
Falta esperar si no se acaba por demostrar que por la cantidad de especificaciones que se fueron implementando a los materiales electorales y los requisitos para producirlos, pocos proveedores podrían realmente cumplir con lo solicitado, además que muchos de esos requerimientos fueron diseñados, establecidos y supervisados por el IFE o INE en atención a las exigencias de los representantes de los partidos.
Además, en adquisiciones reguladas por la Ley y auditadas por diferentes instancias, empezando por los órganos de control interno y seguidos por la Auditoría Superior de la Federación y del Órganos de Fiscalización del Estado en cuestión, lo cual hoy se menosprecia o se cuestiona insinuando que fueron procedimientos laxos o efectuados con complacencia de los auditores en turno.
Eso tendría también de demostrarse, ya que se pone en duda su proceder en ese entonces, haciendo aún más complejo el asunto. Bajo sospecha los proveedores hay que preguntarse ¿quién allegará ahora los materiales para el 2027? Reto adicional.
Por el tiempo transcurrido se ponen necesariamente en tela de juicio las atribuciones legales, que en diferentes casos han prescrito, impidiendo que posibles anomalías, aunque impliquen responsabilidades, sean imputables, lo que lleva a pensar reiteradamente que la mayor utilidad sería en el terreno de la política para sustentar la narrativa justificadora e incriminadora de adversarios del régimen, cuyo entramado al parecer ya convenció a sus jerarcas como ruta de escape ante la grotesca exhibición de abuso de poder y corrupción, que se suma a otros episodios que se mantienen vigentes. Con este antecedente ¿se puede confiar en la restauración del árbitro electoral a cargo del partido dominante?
Ojalá constatáramos primero el proceso consensuado de elección de la nueva presidenta del INE en sustitución de Taddei. Si eso no se consigue, preparémonos para ver si después de la elección del 2027 se mantiene la mayoría calificada y con ella el relanzamiento de la reforma electoral que hoy ha prometido retomar la presidenta de México para abaratar procesos electorales y eliminar plurinominales, la cual ya fue una vez rechazada.
Ojalá se analicen sensatamente las oportunidades que esto abre y si se trata realmente de generar un avance positivo, tendría quizá que darse el paso al uso de la tecnología en los procesos de votación, menos papel, con las urnas electrónicas por ejemplo, como lo sugieren algunos expertos que citan incluso el reciente caso de la elección brasileña que prácticamente al día siguiente de la elección tiene los resultados electorales, así dejamos de batallar con tanto gasto y contrataciones que hoy son dolor de cabeza difícil de superar
Provocaciones
#Creatividad: Ante la imperiosa necesidad de dar resultados cuanto antes en la investigación de la corrupción en adquisiciones en el INE y los Organismos electorales de los estados, que la presidenta ha pedido vaya en retrospectiva al siglo pasado, la Auditoría Superior de la Federación ya decidió recurrir a una especie de “testigos colaboradores” a quienes ofrece clemencia por denunciar y aportar elementos que incriminen a quienes hayan estado involucrados en operaciones irregulares con el oligopolio de empresas proveedoras de material electoral. Aseguran que ya hay aportes importantes en estos casos.
#RelevosUrgentes: Octavio Vargas, diputado morenista, advierte que presentará en el Congreso una propuesta para que sean sustituidos todos los integrantes de Tribunal de Justicia Administrativa, dado que esta institución no ha dejado de estar involucrada en situaciones cuestionables y la más reciente tiene que ver con la triplicación de su gasto de renta por cambio de inmueble, ordenado así por su nuevo presidente, lo cual considera el legislador que es un exceso y debe ponerse un alto. ¿Conseguirá que le apoyen sus pares? Asegura que los actuales magistrados fueron nominados por el ex gobernador Del Mazo en su tiempo y deben retirarlos.