La UNAM realizó los “Foros Reforma Constitucional en Materia de Justicia” del 29 de julio al 1 de agosto como un espacio de diálogo, reflexión y consulta, donde especialistas de alto nivel en materia jurídica participaron en siete mesas para exponer diferentes perspectivas que se consideran esenciales, si se pretende diseñar una reforma judicial acorde a lo que necesita el país en este momento.
Aun cuando hay una percepción extendida que apunta a que la iniciativa formulada desde el ejecutivo no incorporaría otras ideas por muy valiosas que pudieran parecer, menos si provienen de una institución que el presidente de México ha acusado de haberse "derechizado", con el ímpetu de cumplir una misión, más algo de necedad y una esperanza que se niega a desaparecer, se realizaron estos diálogos.
Se subrayó en esos espacios que la independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de las y los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo, además que, en la división de poderes, no puede haber retrocesos.
Los especialistas en mayoría coincidieron en que la reforma constitucional en materia de justicia tal como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además que debería apostar en mayor medida por fortalecer los tribunales locales, que son a los que más acuden los ciudadanos y que ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia.
Asimismo, advirtieron mayoritariamente que un problema serio es la selección de las candidaturas, porque en el procedimiento tal como está previsto, no se garantiza un perfil imparcial e independiente, por lo que podrían ser capturadas por otros poderes públicos y privados, fácticos, y quedarían sujetas a promesas de campaña, a compromisos partidistas, además faltaría resolver el diseño del mecanismo para la elección popular y la creación de controles.
Respecto a la propuesta de sustituir al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial, la mayoría de los académicos de la UNAM advirtieron que éste debilitaría la independencia de este poder y facilitaría que quienes los integren respondan a preferencias partidarias y políticas, debido a que los cinco integrantes del órgano serán propuestos por otros poderes.
Así se expusieron y fluyeron estas y otras relevantes ideas, como era de esperarse. Al final aún subsistió la esperanza ¿Será que la futura presidenta de este país, se atreva a revisar y concederle cierta validez a las aportaciones de este ejercicio realizado en su Alma Mater o correrá el riesgo de arrancar su gobierno experimentando los efectos de la decisión de impulsar una propuesta inacabada, ampliamente señalada como antidemocrática, riesgosa, regresiva y mal calculada, solo por lealtad y contra su propia inteligencia? Ojalá que no.