El fenómeno de la desaparición de personas es una realidad trágica nacional que alcanzó a la sociedad poblana y al gobierno.
En la medida que se recrudece la inseguridad pública, crecen los índices delictivos y aumenta la presencia de la delincuencia. La desaparición de personas ha rebasado la capacidad de respuesta gubernamental.
De acuerdo con el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, investigado por la reportera Leslie Mora, de enero al 24 de agosto de este año están reportadas como desaparecidas 261 personas en el estado, de las cuales 79 siguen extraviadas.
En estos últimos ocho meses se ha informado en las distintas plataformas de las empresas de comunicación de Multimedios los casos de personas desaparecidas, principalmente mujeres.
Lamentablemente, se trata de desapariciones forzadas de mujeres que han terminado con saldos fatales, al hallarlas asesinadas en manos de grupos delictivos.
Pero algo no está funcionando entre las organizaciones no gubernamentales de madres buscadoras de sus hijos y el gobierno, porque está clara la falta de empatía.
Este grupo de mujeres tuvo que realizar un plantón permanente en la sede del Congreso del estado para ser escuchadas y que se aprobara la ley en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
Creada la legislación que da origen a la Comisión Estatal de Búsqueda, ésta se ha convertido en un aparato burocrático con un financiamiento para pagar una nómina de empleados públicos que están detrás de los escritorios y no hacen trabajo de campo.
En el contexto del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, la activista y madre de un poblano desaparecido, María Luisa Núñez, pidió la destitución de María del Carmen Carabarin Trujillo, titular de la Comisión de Búsqueda de Puebla.
La fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos insiste en que están reportadas como extraviadas en el estado más de tres mil personas.
Pero el reclamo en la atención de las personas desaparecidas en la entidad va más allá de la Comisión de Búsqueda y señala el nulo trabajo y los resultados de la Fiscalía General del Estado.
Las familias han tenido que aprender a defenderse legalmente para continuar los procesos de localización, declaró ayer la vocera de la agrupación no gubernamental.
Pablo Ruiz Mezapablo.ruiz@milenio.com