En septiembre de 2024, México aprobó la reforma que estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Implementada en junio de 2025, esta medida busca democratizar el Poder Judicial y acabar con las designaciones opacas, nepotistas y politizadas por el Ejecutivo o el Legislativo, o las capturas del sistema judicial por entes privados.
Las ventajas son claras: Por un lado, otorgan legitimidad democrática directa, ya que los jueces responden al pueblo, no al Poder Ejecutivo. En segundo lugar, fortalece la independencia judicial frente a presiones políticas. En tercero, aumenta la rendición de cuentas, ya que su permanencia depende del voto ciudadano. En cuarto lugar, reduce la corrupción asociada a designaciones “a dedo”. Y finalmente, alinea la justicia con la soberanía popular y las demandas sociales de equidad.
Sin embargo, democratizar el acceso no debe sacrificar la calidad técnica. La función judicial requiere conocimientos profundos, interpretación constitucional, manejo procesal, derechos humanos y ética. Un juez mal preparado vulnera derechos y genera desconfianza. Ese riesgo incluso existía en el anterior sistema, donde abundaron las asignaciones de “dedazo” ignorando la preparación del juez impuesto.
Por ello, es indispensable complementar la elección popular con requisitos estrictos para futuros candidatos y un programa intensivo de capacitación para los ya electos.
Para las próximas elecciones de jueces, sugiero los siguientes requisitos: En primer lugar, formación avanzada: Licenciatura en Derecho (promedio mínimo 8.5) + maestría, especialidad o al menos 300 horas de diplomados en derecho constitucional, penal, amparo o derechos humanos. En segundo lugar, Experiencia calificada: Mínimo 10 años de práctica jurídica, con al menos 5 en litigio, docencia o funciones judiciales. En tercer lugar, Examen nacional eliminatorio: Prueba objetiva de razonamiento jurídico, argumentación, perspectiva de género e intercultural, y ética (aplicada por la Escuela Nacional de Formación Judicial). En cuarto, Integridad: Sin antecedentes graves, declaración patrimonial verificable y prohibición de cargos partidistas o de elección en los últimos 10 años. Finalmente, Evaluación de competencias: Entrevista y prueba psicométrica sobre imparcialidad y gestión.
Todo esto requiere de un comité de selección, conformado por los principales juristas de México, propuesto al legislativo por parte del ejecutivo, con anticipación mínima de 6 meses antes de la elección. Además, se necesita que a los candidatos electos se les dé suficiente difusión en cuanto a su currículum, para que la población esté bien informada sobre la idoneidad de cada candidato.
Además de lo anterior, propongo un sistema de capacitación obligatoria para los jueces ya electos. Muchos entraron solo con licenciatura y 5 años de práctica. Se propone un programa nacional inmediato: Un curso intensivo inicial de 6-12 meses (20 horas semanales, o cuatro horas diarias adicionales al desempeño de sus funciones: procedimiento, argumentación avanzada, derechos humanos, gestión de juzgados y herramientas digitales), con evaluación eliminatoria. A lo anterior hay que sumarle 120 horas anuales de capacitación continua. Mentoría por 2 años con evaluaciones trimestrales.
La Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ) sería la encargada principal de la capacitación de los jueces ya electos. Como órgano autónomo creado por la reforma judicial, tiene el mandato expreso de formar, evaluar y actualizar a todo el personal judicial del país.