El día de ayer la Suprema Corte inició un proceso de revisión de una Reforma Constitucional que ya es Constitución. Desde la admisión del proceso han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. En especial, ya se encuentran como constitucionales dos artículos lapidarios: uno, que eleva a nivel constitucional al artículo 61 de la Ley de Amparo, (por cierto establecido en el gobierno de Enrique Peña Nieto) que prohíbe el amparo contra una Reforma Constitucional. Y el otro, que expresamente indica que nadie puede reformar a la Constitución más que el Poder Legislativo, y ningún acto de impugnación es válido contra algún artículo constitucional.
El otro hecho antecedente al proceso iniciado este martes por la Corte es que la mayoría de sus ministros ya renunció ex ante, ateniéndose a un Transitorio de la misma Reforma Constitucional que pretenden revisar.
En este nuevo contexto espero, pues, que el proceso de revisión nazca muerto y podamos finalmente ver hacia adelante.
De ser así, final y afortunadamente se habrá terminado esta lucha libre entre, por un lado el poder ejecutivo y el legislativo, y por otra, el poder judicial. Este último objetó por todos los medios que una reforma que removerá a sus principales rangos , pudiera lograrse. Desafortunadamente para sus intereses utilizó un arma que no tiene: la facultad de reformar a la constitución, por lo que impugnar un articulo constitucional le fue imposible. Y todo esto con el descalificativo de un conflicto de interés que donde pretendía ser juez de algo que era parte. No es casualidad pues que nunca la Corte se había atrevido a aceptar un amparo o controversia constitucional que implicara impugnar algún artículo de la Carta Magna, hasta ahora que lo hizo para defender sus propios intereses.
Por el lado del legislativo, este blandió todas sus facultades de Reformador único que le otorga la Constitución, para ponerle a esta última una armadura explicita de que nadie puede reformarla más que el legislativo, y ningún acto de impugnación es válido contra algún artículo constitucional.
¿Se violó la independencia de la Corte? Considero que se utilizó la facultad reformadora del poder legislativo para poner un hasta aquí a los obvios desmanes y corrupción del poder Judicial. Y considero por lo tanto que en el futuro se le debe dar facultades a cada poder de hacerlo contra otro en circunstancias cuidadosamente fraseadas como excepcionales en la Constitución, para asegurar la moral conducción del auto-gobierno de cada Poder independiente.
¿Se perdieron los contrapesos? A pesar de la creencia de muchos, el contrapeso de la corte de impugnar o corregir un artículo constitucional nunca ha existido. Por su parte, el contrapeso de hacer justicia ante un amparo o controversias constitucionales entre instituciones de normas e interpretaciones permanece intacto como la facultad de la Corte.
¿Se consolida un Estado de Autoritarismo? La tesis de quienes la blanden es que el partido en el poder legislativo y ejecutivo designará ahora a todos los altos rangos del poder judicial a través de los comités de evaluación que propondrán solamente a simpatizantes del partido. Esta posibilidad existe, pero siempre ha existido porque el Ejecutivo designaba a los miembros de la Suprema Corte, y estos a su vez designaban a los jueces y magistrados a través del Consejo de la judicatura. El legislativo ha puesto candados para que esto no suceda, como el proponer que los comités de evaluación estén integrados por personas apartidistas, y los candidatos también. Hasta ahora se ha logrado una mezcla aceptable entre los miembros propuestos por los tres poderes, aunque me hubiera gustado ver a más académicos.
Yo creo que lo que se logró es un criterio homogéneo democrático de elección de todos los miembros de todos los poderes. Con el tiempo los jueces y magistrados electos sin experiencia la irán adquiriendo, y el sistema de rendición de cuentas a través del voto y un tribunal vigilante ciertamente dejan un ambiente de menor posibilidad de corrupción o nepotismo. Toca verdaderamente ahora de dotar al pueblo de su verdadera función de votar libremente por sus servidores, a través de un sistema electoral más transparente y menos corporativista.
Pero toca principalmente, unidos, asumir nuestra responsabilidad de seguir luchando por un futuro más generoso y justo para todos.