En 2024 debemos dar un paso adelante hacia la democracia en México, con mecanismos efectivos contra el círculo vicioso de la compra del voto y gastos excesivos de campaña. El círculo vicioso comienza con el hecho de que los pobres por lo general no creen en los políticos. Están acostumbrados a que se aparezcan en sus comunidades a pedir su voto, a ofrecerles lo que pidan, y no vuelven a aparecerse a cumplirles.
Los pobres no creen en el poder de su voto ni en el nuevo instrumento de revocación de mandato. Y todo lo que el aspirante tiene que hacer es lograr los recursos para llenar su zona de propaganda, comprar los votos de los escépticos, y acarrearlos el día del voto en una suerte de celebración que termina con su pago y un atole o un refresco.
¿De dónde salen los recursos? De empresarios que apuestan al candidato para hacer negocios con él o ella posteriormente, o de presidencias municipales que usan nuestro dinero para financiar al candidato a cambio de su continuidad política. Las denuncias casi nunca son atendidas por las autoridades electorales.
Así, se perpetúan los presidentes municipales más corruptos, y continúa la corrupción en la asignación de obras a los empresarios que cumplieron. Y lo que es peor, es una selección adversa porque los candidatos honestos que caminan y convencen por medios democráticos solo excepcionalmente ganan.
Basta. En México queremos candidatos que nos cumplan sus promesas de campaña, que estén sujetos a correrlos si no cumplen. Que sean verdaderos servidores públicos, que se dediquen a trabajar, no a recuperar sus gastos y hacerse millonarios.
Para contribuir a mejorar esto, he sometido ante el Legislativo iniciativas que contengan los siguientes elementos: 1. Configuración de delitos electorales, incluida la regulación efectiva de propaganda electoral; 2. Sanción efectiva de quienes cometen los delitos electorales, tanto ciudadanos como candidatos; 3. Mecanismos efectivos de denuncia de delitos electorales; 4. Rendición efectiva de cuentas de las autoridades electorales que no actúen; 5. Prohibición de prácticas que propician la compraventa del voto, como meter el celular a las urnas, y 6. Vigilancia de la Guardia Nacional en cada urna.