Durante su pasada administración, Donald Trump amenazó con imponer tarifas a las exportaciones mexicanas, lo cual generó una serie de conversaciones en donde esta amenaza se desvaneció mientras observamos cómo México endureció su vigilancia sobre los migrantes.
En esta ocasión Donald Trump nuevamente ha amenazado a México con aumentar las tarifas, esta vez en un 25 por ciento, y las quejas que acompañan a su propuesta van en el sentido de que México no ha hecho lo suficiente en materia de vigilancia migratoria, ni tampoco en materia de combate a la producción y contrabando de drogas.
La credibilidad de que efectivamente Trump pueda y le convenga imponer tarifas a México determinará la fortaleza en la posición negociadora de México.
Efectivamente, el Presidente Trump puede unilateralmente imponer tarifas a México al amparo del T-mec que establece que cualquier país firmante puede unilateralmente subir las tarifas por cuestiones de seguridad nacional.
Por otro lado, una imposición general de tarifas con todos los principales socios comerciales de Estados Unidos es consistente con la manera en que Trump propone estimular el crecimiento de EEUU, bajo la lógica de que un aumento en los precios de exportación de los países originadores los impulsaría a ubicar su producción en Estados Unidos, lo cual aumentaría la inversión y el crecimiento de ese país. Tal vez esta lógica aplique para algunos países exportadores. El mismo James Galbraith, en un reciente editorial (1) percibe la posibilidad de que productores alemanes por ejemplo, decidan seguir esta lógica y establecerse en Estados Unidos para ser mas competitivos después de la imposición de las tarifas. Sin embargo, esa amenaza es creíble justamente en países donde trasladarse a Estados Unidos los haría competitivos después de tarifas. No es el caso de México. El principal componente de nuestras exportaciones a Estados Unidos son partes y accesorios de vehículos automotrices. Y la lógica de que las plantas productoras de vehículos estén establecidas en México a pesar de que los costos de transporte de sus insumos de Estados Unidos sean más altos, la determina la inmensa diferencia del costo de la mano de obra especializada en su producción, entre Estados Unidos y Mexico. De manera que aunque se estableciera una tarifa del 25 por ciento, aún permanecería la desventaja competitiva de producir esas partes en Estados Unidos, por lo que dicha política no tendría el efecto de traslado que beneficiaría a ese país. De manera creciente seria la imposibilidad de trasladar la producción de nuestras otras exportaciones, principalmente productos agrícolas o petróleo, a aquel país. El único efecto del establecimiento de esa tarifa en productos mexicanos que exportamos sería un aumento en los precios de los bienes importados por Estados Unidos, con su consecuente impacto adverso en la inflación, tasas de interés, demanda agregada, inversión y crecimiento económico, justamente lo opuesto a lo que Trump está buscando.
Estoy segura que estas consideraciones son conocidas por nuestro equipo negociador. Porque por un lado cooperar en una mayor supervisión de nuestras fronteras para evitar la inmigración ilegal, además de seguir fortaleciendo nuestras políticas y actividades de lucha contra el narco-tráfico, nos llevarían a una situación de ganar-ganar, en incentivos compatibles fáciles de acordar. Pero la posición de Estados Unidos de tratar de imponernos políticas que sean dañinas a nuestra seguridad nacional, o compromisos adquiridos en la protección a los derechos humanos de los migrantes puede encontrarse con un “no” rotundo por parte de Mexico a sabiendas de que a Trump no le conviene levantarnos tarifas.
(1) Ver “The Nation” https://www.thenation.com/article/economy/politics