En este ambiente de cambio de régimen, es preciso volver a recordar que en un régimen neoliberal de donde venimos, prevalece la idea de que el Estado debe ser pequeño, en su concepción extrema dedicado a la ley y al orden, y que carece de credibilidad. Por lo que durante ese período muchas funciones relevantes del Gobierno se depositaron en Órganos Constitucionales Autónomos, partiendo de que al Estado hay que vigilarlo, o desposeerlo en lo posible de facultades administrativas, regulatorias y de proveedor de información. Los OCA se encuentran ubicados al mismo nivel que los órganos soberanos del Estado, con los que guardan relaciones de coordinación y control.
Así, en 1983 se funda el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, (INEGI), en 1990 se constituye la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal Electoral (ahora INE), y en 1993 se otorga autonomía al Banco de México. Esta es la primera ola de instituciones autónomas creadas en el régimen neoliberal, y que el nuevo régimen respetará.
Más adelante, se funda en 2002 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2005, se crea el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y en el período de Enrique Peña Nieto se funda la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), se establece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) , el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la Fiscalía General de la República (FGR). Todos estos OCA’s, con excepción de la FGR, son los que se busca que sean absorbidos por la Administración Pública Federal.
A estos OCA’s habría que agregar una docena de órganos autónomos con personalidad juridíca propia como son las Universidades Autónomas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Estos dos últimos también forman parte del proyecto de absorción.
El dictámen de la Comisión de puntos constitucionales deja, pues, intactas a las instituciones cuya autonomía constitucional es incuestionable: del Banco de México, para evitar que en el futuro la política monetaria sea arbitrariamente manejada por cualquier Gobierno Federal, del INE, para evitar el conflicto de interés de un Gobierno que sea juez y parte en las elecciones, de la CNDH, para evitar que cualquier Gobierno pueda violar este derecho consagrado en la Constitución, del INEGI, para evitar que el Gobierno pueda manipular cifras, y de la Fiscalía General de la República, para fortalecer el Estado de Derecho.
Así, los OCA’s que pretenden desaparecer en el Dictamen son el INAI, la COFECE, el INEE, el IFT, y al CONEVAL, y dos órganos autónomos más: la CRE y la CNH.
Son varias las razones explícitas e implícitas que justificarían la extinción de estos Organos: dentro de las explícitas la principal razón radica en que las funciones que estos desempeñan corresponden más indiscutiblemente al Estado, y serán reincorporadas a éste : ser transparente, otorgando acceso a la información (INAI), velar por la competencia económica (COFECE), desarrollar las telecomunicaciones y radiodifusión (IFT), evaluar sus políticas sociales (CONEVAL), otorgar licencias de energía (CRE) y administrar sus hidrocarburos (CNH). Para algunos de esos Órganos otra razón implícita es que claramente no desempeñaron sus funciones adecuadamente, como es el INAI, que sufrió, desde su creación, de quejas de no dar acceso a información de ciertos expedientes, y la COFECE que claramente no ha desempeñado un buen papel. Y la última razón es presupuestaria.
A esta Reforma tendrán qué seguir una serie de leyes secundarias que les den dientes a las funciones absorbidas por el Gobierno Federal.