Como cualquier persona que haya asumido la responsabilidad de gobernar un Estado en el siglo XXI, todos se encuentran frente a una realidad incómoda pero innegable: el crimen organizado no es un problema que se “elimina”, sino un hecho estructural con el que cualquier gobernante debe lidiar. No importa el país, el continente ni la ideología. Las mafias, los cárteles, las redes transnacionales de narcotráfico, extorsión, trata de personas y lavado de dinero son entidades adaptativas, resilientes y, en muchos sentidos, inevitables en el mundo actual.
¿Por qué inevitables? Porque son entidades que buscan el lucro, hacer dinero, que nace de la demanda global de sustancias prohibidas (y de otras economías ilícitas), corrupción endémica en instituciones, fronteras porosas y la globalización de las finanzas y la tecnología. El crimen organizado no es un “cáncer” que se extirpa; es un ecosistema paralelo que llena los vacíos que el Estado deja. Y cuando el Estado intenta ignorarlo o combatirlo con fuerza bruta indiscriminada, el resultado suele ser peor: una guerra abierta que termina exponiendo a la población civil a niveles de violencia que ninguna democracia debería tolerar.
La guerra contra el crimen organizado se ve heroica en los discursos y genera titulares. Pero la historia reciente —México, Colombia, Filipinas, partes de Centroamérica— nos muestra que esa vía suele generar más muertos civiles que capos caídos. Las balas no discriminan. Las respuestas de los grupos criminales sí: secuestran, extorsionan y aterrorizan comunidades enteras. El costo humano es inaceptable. Además, el crimen organizado se reorganiza rápidamente; decapitar a un líder solo crea vacantes que otros llenan con mayor violencia.
Entonces, ¿cómo luchar contra él sin desatar una guerra que exponga a la población civil? La enseñanza reciente de México donde la incidencia de muertes por violencia ha disminuido en más de un 50 por ciento, sugiere una estrategia asimétrica, inteligente y multifactorial. No se trata de rendirse, sino de combatir con cabeza en lugar de solo con músculo. Los pilares han sido:
1. Inteligencia y precisión quirúrgica: Priorizar inteligencia humana, financiera y tecnológica por encima de operativos masivos. Desmantelar las finanzas del crimen (lavado de dinero, criptoactivos, empresas fachada) es más efectivo que allanamientos televisados. Golpear las cabezas financieras y logísticas, no solo las operativas.
2. Fortalecimiento institucional y anticorrupción: El crimen organizado se alimenta de policías, jueces, políticos y funcionarios corruptos. Sin limpiar las instituciones desde dentro, cualquier esfuerzo es inútil. Transparencia total en contrataciones, auditorías obligatorias, protección real a denunciantes y salarios dignos para fuerzas del orden.
3. Atacar las causas raíz: Reducir la oferta de mano de obra para el crimen. Inversión masiva en educación de calidad, empleos formales en zonas vulnerables y programas de reinserción. Donde la gente tiene alternativas reales, el reclutamiento cae drásticamente.
4. Regulación inteligente de mercados ilícitos: No seamos ingenuos: La prohibición absoluta genera monopolios criminales con márgenes de ganancia obscenos. Discutir regulaciones controladas (como se ha hecho con cannabis en varios países) puede reducir ingresos y poder de los cárteles sin legalizar todo. Evidencia de Uruguay, Canadá o varios estados de EE.UU. muestra que la regulación reduce violencia asociada.
5. Cooperación internacional real: El crimen es transnacional. Necesitamos inteligencia compartida, y presión coordinada sobre paraísos fiscales. La soledad nacional solo favorece a las redes globales.
6. Protección civil como prioridad absoluta: Cualquier operación debe tener reglas estrictas que minimicen daños colaterales. Despliegue de fuerzas solo donde sea necesario, con apoyo social previo y posterior. La población no es “daño colateral”; es el objetivo que se supone debemos proteger.
Todo lo anterior requiere de un ingrediente adicional:No prometer “acabar con el crimen en seis meses”, sino prometer reducir su impacto año tras año, midiendo resultados reales (homicidios, extorsiones, percepción de seguridad) y ajustando sin ego. Invertir fuertemente en tecnología (IA para análisis de patrones financieros, drones de vigilancia no letales, ciberinteligencia) y en capital humano (mejores salarios, capacitación y honorabilidad en las fuerzas de seguridad).
Al mismo tiempo, hay que ser implacable con la corrupción interna. Cero tolerancia, sin importar el partido o el amigo.
No existen soluciones mágicas, sino un Estado inteligente, resiliente y humano que entiende que el crimen organizado es un adversario permanente, pero que puede ser contenido, debilitado y relegado a la marginalidad si actuamos con cabeza fría y corazón firme.
La población civil no merece ser el campo de batalla. Merece un gobierno que luche por ella, no contra ella.
Y eso, en el fondo, es lo único que nunca debe ser negociable.