Fue aprobada la reforma al Poder Judicial. Los que la apoyamos fue principalmente para que disminuya la corrupción en el sistema judicial y su politización. Recordemos que la corrupción fue la principal queja del Ejecutivo, al solicitar que el presidente de la Corte saliente se quedara durante un periodo para reformar el Consejo de la Judicatura, encargado de sancionar a los jueces, y que por su estructura organizacional es juez y parte. Estos cambios constitucionales pudieron haberse logrado en el primer esfuerzo presidencial, pero la resistencia de una Suprema Corte que actuó políticamente, dominada por miembros nombrados en periodos pasados por la oposición, declarando inconstitucionalidad en esa y muchas otras iniciativas propuestas por el Ejecutivo, mostró la necesidad de una reforma más profunda, tratando de eliminar que el Poder Judicial esté tomado por algún partido político, a través del voto popular.
La solución desafortunadamente se confunde con la situación de supremacía de un partido político, Morena, y de ahí la crítica principal de muchos analistas: la fusión del Poder Judicial con el partido dominante. Este riesgo es claramente existente y la reforma establece provisiones para atenuarlo: que los participantes no tengan antecedentes de liderazgos políticos y que los partidos políticos no participen en las elecciones. Pero ciertamente el riesgo no desaparece y debemos asegurarnos de atenuarlo en la implementación de la reforma.
La politización de la justicia es un tema recurrente en los países más avanzados. Basta acudir a la reciente experiencia del juicio contra Donald Trump, que en su defensa alegó que su caso estaba en manos de un juez del Partido Demócrata. La última salida, en caso de realmente materializarse el riesgo, sería adoptar un sistema como el francés, donde una especie de ombudsman constituido por referentes intachables académicos proponga al presidente los candidatos, aunque esto significaría crear un cuarto poder como realmente sucede en Francia.
El riesgo de politización, entonces, siempre existirá. Pero su concentración en un partido dominante deberá atenuarse con el advenimiento de partidos de oposición fuertes, que es un sine qua non para un sistema democrático plural e incluyente.