Nuestra empresa mexicana del petróleo ha estado sujeta recientemente a diversos beneficios del gobierno orientados a restablecer su viabilidad. Durante 2020-2024 se le transfirieron cientos de miles de millones de pesos para pago de deuda, más una monetización de bonos por 96,500 millones de pesos. Pero el rescate más decidido se ha dado en 2025, por 22,647 millones de dólares incluidos la recompra de bonos propios por 12,000 millones de dólares, utilizando una capitalización de 13,800 millones de dólares del gobierno federal. Y en Julio del 2025 el gobierno emitió 12,000 millones de dólares para amortizar deuda e intereses de Pemex.
El paquete total de 2025, de 22,647 millones de dólares tuvo como resultado una disminución de la deuda financiera de Pemex, de 97.6 a 84.5 millones de dólares, el nivel más bajo en 11 años.
Es evidente que es un rescate, donde la deuda fue trasladada al Gobierno Federal, aunque a condiciones mejores por tratarse de deuda soberana.
Pero, ¿por qué tanto interés en devolverle el alma a una empresa que por decenas de años era la “zombie” de las empresas federales mexicanas, del que el gobierno echaba mano para sus ingresos a través de impuestos, y que todo el mundo le prestaba porque era una deuda implícita, cara, del gobierno federal?
Y es que, en efecto, el problema de Pemex radica principalmente en su nivel de endeudamiento, equivalente a 2 veces su déficit de capital. La deuda acumulada de Pemex de más de 4 billones de pesos se acumuló a partir del 2012, (figura 1) supuestamente invertida en exploración para parar la caída de su producción, pero también para pagar impuestos obligados muy altos al gobierno federal, que lo utilizaba como una fuente importante de ingresos, sin importarle que estaba dejando una entidad quebrada, que sobrevivía por ser deuda implícita del gobierno federal.
A partir del 2018 la concepción de Pemex cambió. El Estado concibió una política de autosuficiencia energética, lo cual chocó con la concepción ortodoxa de Pemex de una fuente generadora de ingresos para al gasto del gobierno federal. Es por eso que se criticó mucho la política de revivir la capacidad de refinación de Pemex.
Lo que sucede es que una política de autosuficiencia energética no es cuantificable como un negocio empresarial. Es cuantificable únicamente cuando históricamente se cuantifiquen cuántas pérdidas tendrían que ser absorbidas por los particulares o por el gobierno ante shocks en los precios internacionales de los combustibles. Es, para decirlo en otras palabras, un ingrediente de soberanía. Y esa no se cuantifica.