El artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a la composición y asignación de la Cámara de Diputados y sus incisos han sido modificados varias veces. En particular, el número y manera de computar las asignaciones de diputados plurinominales ha venido cambiando. En el tema de la sobrerrepresentación, la Constitución en su última revisión de 1996, de su fracción V, a la letra dice: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Con los resultados oficiales del INE, mis cálculos arrojan que Morena tendría 46.75 por ciento de la votación nacional emitida, 50.4 por ciento de diputados en la Cámara, siendo 3.65 por ciento la diferencia, o sea que por ahí no hay problema.
Sin embargo, la oposición habla de aplicar esa regla a la coalición Juntos Hacemos Historia, lo cual en ningún lado aparece estipulado en la Carta Magna. Habiéndose cerrado esa puerta, la oposición acude entonces a la interpretación ad hoc que se hizo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos (Cofipe) en 1996, homologando el término “partido” con “coalición” de la Constitución. Sin embargo, esta interpretación se eliminó en la reforma electoral de 2007-2008.
En todas las democracias los partidos que ganan la mayoría en el Poder Ejecutivo buscan hacerlo también en el Poder Legislativo para poder lograr las propuestas que llevaron al Ejecutivo al poder, y que requieren cambios en la Constitución, o buscan consensos. De lo contrario, ocurre lo que nos sucedió en México el trienio pasado, donde varias propuestas de reformas ni siquiera merecieron una discusión seria por parte de la oposición, manipulando a la Suprema Corte para justificar mañosamente su respaldo. Tal es el caso de “El INE no se toca”, donde hicieron creer a la opinión pública que la reforma electoral pretendía quitarles la credencial del INE.
Es menester lograr reglas de debate constitucional que permitan consensos. De lo contrario, siempre un partido en el poder no tendrá otra opción más que buscar mayoría calificada en el Legislativo.