Antier el Presidente argumentaba a favor de su política de inclusión de jóvenes y pobres citando a John Kenneth Galbraith en su libro Una sociedad mejor: “Cuando hay gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, el recurso más accesible es escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia. La manifestación práctica es la delincuencia y la revuelta a la que se responde con fútiles medidas represoras… y la lucha cara y fútil contra el narcotráfico”.
En ciudades pequeñas donde la pobreza sin esperanza es más palpable, como es el caso de San Cristóbal de las Casas, la relación causal de pobreza y narcotráfico y violencia es aún más subrayada, máxime tratándose de indígenas, los más marginados de México, como los protagonistas del asesinato, también antier, del líder de un mercado por sicarios a sueldo denominados motonetos.
Somos víctimas de las consecuencias de la pobreza que históricamente ignoramos, a través de la impunidad desafiante de un pobre que viola la ley, como es el caso en cuestión. Además, esos focos de violencia en particular tienen sus ingredientes perfectos: comunidades desplazadas de sus células y familias originarias, invadiendo violentamente propiedades privadas suburbanas, y siendo carne de cañón de organizaciones criminales de mayores dimensiones.
La impunidad observada es porque si en el caso de los macromercados de drogas hemos sufrido los errores de la represión armada, la solución de represión en el caso del narcomenudeo no solo es fútil como diría Galbraith, sino imposible, porque el descontento social resultante del pobre reprimido por la fuerza puede ser peor.
En mis labores de gestoría como diputada federal he comprobado que la violencia de los pobres se resuelve atendiéndolos. Las políticas de atención a los jóvenes y pobres a nivel macro, a pesar de ser prioritarias presupuestaria y operativamente en la actual administración, urgen de ser complementadas con una secretaría de Estado que se dedique a atender a nivel microeconómico a las regiones más marginadas del país, con programas ad-hoc que produzcan resultados urgentes de empleo, ingreso y regeneración del tejido social de cada comunidad convulsionada.