Los episodios de la confrontación política se han ido hilvanando en una secuencia que se ha vuelto predecible desde 2018, la sistemática derrota de la oposición se ha vuelto una constante y se ha convertido en inercia que ha permanecido en cada batalla de la agenda nacional, la única victoria pírrica de la oposición fue que el año pasado lograron detener una reforma constitucional y con ello auguraban el comienzo de una etapa de reposicionamiento y crecimiento político y electoral que terminó siendo espejismo para luego convertirse en su peor catástrofe.
De ahí siguieron otras disputas como la asignación de pluris en el INE luego en el Tribunal, de ahí se pasó a la reforma judicial y surgió una resistencia desde adentro del poder judicial que para la oposición eran avistamientos de capitalizar inconformidad para recuperar fuerza electoral de lo que falta mucho para una medición en ese terreno, hoy el encono es demasiado, se están apoderando los rasgos de la irracionalidad en la disputa política, desde la oposición, se induce al poder judicial a incurrir en actos que ponen en riesgo de pasar la confrontación institucional al siguiente nivel que es la lucha en los ámbitos de enjuiciamientos que conllevan detenciones.
Era innecesaria esa decisión política de usar la vía jurisdiccional para inventar procedencias de amparo y suspensiones así como admitir acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pero la oposición fue arengando a quienes nunca se han metido a la arena política vendiéndoles la fantasía de que con esas actuaciones se podría detener la reforma judicial y jueces y magistrados y en su mayoría trabajadores se las compraron.
Uno de sus juristas defensores Diego Valadés se ha manifestado en el sentido que la reforma estaba consumada y no había medio de control que revocara ese hecho, pero se insiste en querer llevar la batalla jurídica a su terreno jurisdiccional cuando son juez y parte, cuando hay un interés manifiesto y con ello se despoja de toda imparcialidad y objetividad, haciendo malabares de interpretación jurídica para ajustar la procedencia de amparos y otros medios de control que no son procedentes, aunado a esto, en la otra trinchera era innecesaria otra reforma constitucional como respuesta a las aberraciones jurídicas de jueces.
Lo que queda de la ya muy reducida oposición no entiende que la confrontación irracional de ofensas y calumnias en la que ha montado al poder judicial contra la presidenta entrante, es el principal factor de disminución política y electoral, no han comprendido que lo que representan socialmente es un fragmento diminuto aun y cuando en medios de comunicación y redes sociales tengan una aparente fuerza en sus posicionamientos que son puro pleito irracional, aunque tengan una estruendosa cobertura mediática.
La fuerza ciudadana que tiene la presidente y su modelo de gobierno incluido en este la reforma judicial, aun y cuando a ras de suelo mucha gente no comprenda en qué consista, tiene un respaldo social que es soslayado, y el optar por insultar a la presidenta con todo tipo de calificativos negativos a su persona y familia es montarse en la misma estrategia electoral de la oposición de querer provocar miedo y odio y con ello poder obtener adepto electoral y recuperar competitividad, es una estrategia fallida que la gente del poder judicial no logra descifrar y como resultado es un efecto de que esa inmensa mayoría siente irritación de que le ofendan a su presidenta y en consecuencia lógica es salir a su defensa ante la oposición como adversario natural pero ahora contra jueces y magistrados y trabajadores del poder judicial que no logran descifrar estas realidades.