La determinación que hicieran ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia el pasado 3 de octubre de darle entrada a una consulta que les hicieran un conjunto de jueces y magistrados para que el máximo tribunal revise la constitucionalidad de la reforma constitucional basándose en un artículo de la ley orgánica del poder judicial que refiere la competencia de la Corte para resolver otro tipo de controversias como contratos con dicho poder.
La aberración es que los promoventes jueces y magistrados en acuerdo con los ministros se inventan un medio de control inexistente, los medios de control constitucional están previstos en la misma ley suprema, cada uno tiene su reglamentación en una ley secundaria, el medio de control que impugna un proceso legislativo como él es caso, es la acción de inconstitucionalidad que exige como requisito indispensable para promoverla es que sea por lo menos por la tercera parte de una de las cámaras del congreso de la unión, con su limitante que para reformas constitucionales solo puede atacar el proceso legislativo previsto en el artículo 135 de la propia constitución, no en la sustancia de la reforma.
El problema para lo que se oponen a la reforma es que la oposición en su conjunto no reúne el número mínimo de legisladores en ninguna de las cámaras del congreso de la unión para hacer valer ese juicio ante la corte, pero aun y cuando lo reuniera, la corte estaría limitada a invalidar la sustancia de la reforma; por otro lado, los juicios de amparos promovidos por jueces y magistrados y personas físicas y morales, fueron indebidamente aceptados a trámite y haciendo más grave la actuación de los jueces otorgaron ilegalmente suspensiones, cuando la ley de amparo expresamente establece que es improcedente contra reformas a la constitución.
Así de manera burda e ilegal, violentando la propia constitución lo ministros prevén que interpretando un artículo de una ley secundaria les da la posibilidad de conseguir un medio de control, sin procedimientos ni plazos ni formalidades más que una consulta a trámite que promueven juzgadores federales en calidad de inconformes con eso asumen que pueden improvisar un medio de control que puede desembocar en una invalidación de la reforma constitucional, lo cual es algo por demás de burdo por parte de los ministros que se ponen en un plan irracionalmente desafiante.
Diego Valadés un ex ministro de la corte y uno de sus juristas aliado al bloque opositor que ha tenido una intensa actividad en las diferentes etapas de la confrontación política con su enfoque jurídico fija su postura con claridad en el sentido de que el contenido de la reforma constitucional no es impugnable, llamando a la serenidad y evitar la desinformación social sobre un tema que tiene complejidad y tecnicismos en la ciencia jurídica, pero la confrontación política ha tomado un cauce de la necedad e irracionalidad y los ministros de la corte junto con algunos jueces y magistrados, que son estudiosos del derecho con la vasta experiencia en la impartición de justicia se han adentrado a una arena ajena como es la confrontación política en la que se han despojado de la sensatez.
La reforma judicial fue materializada el pasado septiembre pero fue incubada el 2 de junio y todo el debate jurídico se perdió en la cancha política, cuando desde el poder judicial optó por tomar partido al lado de la oposición, a pesar de que hay jueces y magistrados que llevan toda la honorabilidad de ser juzgadoras y juzgadores honestos, preparados, muy profesionales y ajenos al conflicto político del que fueron parte compañeros suyos y los arrastraron a todos al destino de la reforma judicial.