La confrontación en torno a la reforma judicial se ha vuelto ya cada vez más irracional, ya se han bajado de la contienda diversos juristas que defendían la postura opositora a la reforma, incluso ya son cada vez más magistrados y jueces que se han estado desmarcando de la insurgencia debido a que asumen que en la sustancia no hay razón para estar defendiendo trámites de demandas de amparo que de origen son improcedentes y más aún, suspensiones que no tiene razón de ser.
Ya el debate se vuelve irracional cuando se defienden posturas que son sustentadas en inventos y trámites falaces de amparos de jueces ante mismos jueces que abiertamente tienen interés jurídico en el juicio y violentan burdamente la ley que prohíbe darle entrada a un amparo que no tiene forma de atacar un acto porque es de las excepciones legales de procedencia como es el caso de las reformas a la constitución.
Los ministros, jueces y magistrados y demás trabajadores que están en la inconformidad de la reforma saben bien que el único recurso o medio de control constitucional para atacar la reforma judicial y solo para el procedimiento legislativo (no así para la sustancia) era la acción de inconstitucionalidad que para iniciar su trámite hay un requisito indispensable que era reunir una tercera parte de integrantes del órgano legislativo en el que se llevó a cabo la reforma, en este caso, cualquiera de ambas cámaras del congreso de la unión, pero da el caso que en ninguna de éstas cámaras de reúne el requisito mínimo.
El legislador en 1995 que creó la ley reglamentaria del artículo 105 de la constitución que establece los medios de control acción de inconstitucionalidad y controversias constitucionales nunca se imaginó que pudiera llegar una realidad social y política de que una fuerza en el parlamento pudiera tener menos de un tercio de sus integrantes, este escenario que hoy se tiene se veía irreal.
Partiendo de esta realidad, resulta irracional que integrantes del poder judicial se estén intercambiando trámites de juicios de amparo inventando justificaciones alejadas del razonamiento jurídico para darle entrada a juicios de amparo y exigir a la autoridad mediante absurdos trámites que acuda a su juicio para el debate sin sentido, donde las partes son jueces y quejosos en el mismo bando de la confrontación jurídica, llegando ya a las ocurrencias de pedir a la presidenta de la república como titular del ejecutivo que despromulgue y baje del portal del diario oficial de la federación la publicación de la reforma lo cual cae en la aberración de la conducta de un juzgador y el absurdo jurídico.
Es entendible que el caudal de la insurgencia desde integrantes del poder judicial están en un terreno ajeno a su hábitat, en el terreno político no han sabido actuar y ha demeritado ellos mismos el buen argumento original que tenían hasta cierto punto el monopolio del conocimiento y experiencia en la impartición de justicia que les da la carrera judicial y la preparación al interior de la institución, pero cuando arrojan los tramites de amparo y sus suspensiones provisionales y definitivas se auto devalúan, demuestran irracionalidad aunque se esmeren en construir argumentos en lo abstracto carentes de todo fundamento y justificación jurídica.
Son buenas las señales de juzgadores que se empiezan a desmarcar y mostrar congruencia y sensatez en la contienda, que a su vez sirve para identificar quienes pueden ser aptos para que sigan en sus encargos por su honestidad y profesionalismo.