Se llega el momento cúspide del conflicto sobre la reforma judicial en el que los ocho ministros de la Corte siguen empecinados en provocar una crisis constitucional al darle entrada de forma ilegal a recursos de impugnación a la reforma que son totalmente improcedentes, pero que finalmente ilustran la negación y la irracionalidad con la que se actúa y están por agotar su último intento para mantener la confrontación al punto ya de soltar a los opinólogos jurídicos que sus alcances son incluso de destituir a la presidenta de la república
Esos ocho ministros están consientes de la ilegalidad con la que están actuando, pero en realidad no son ellos quienes están tomando las decisiones que al final los llevaran al desprestigio histórico, detrás de los ministros está la elite que dirigía a la oposición, son quienes fueron derrocados desde el 2018 y que trataron de restablecerse política y electoralmente y se redujeron aun más, son ellos quienes contaminaron al poder judicial, incrustaron personajes como ministros y magistrados y jueces pero eran realmente operadores políticos que inducían juicios y sentencias a favor de una oligarquía política y económica.
Esa realidad es conocida por otros personajes que actúan por vocación y con decencia dentro del Poder Judicial, pero al interior de esa estructura institucional se tergiversa la información y se arenga a la insurgencia y resistencia para llevar a cabo los cambios que ese poder requiere, saben bien que hay corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y un dispendio de recursos públicos despojado de todo pudor en las altas esferas del poder judicial, totalmente en contra de eliminar privilegios excesivos que contrasta con la desigualdad social que hay en el país.
La reforma judicial inició el 2 de junio en las urnas, la propuesta tiene más de un año pero fue presentada formalmente el 5 de febrero del presente año, su contenido ya era conocido pero veían desde la oposición que era imposible que fuera a ganar Claudia Sheinbaum y menos que fuera a alcanzar las dos terceras partes del congreso para hacer cambios a la constitución, durante décadas la oposición cuando fueron gobierno y régimen vigente tenía todo el aparato legislativo y de gobierno y ahí sí mediante burdos fraudes electorales e hicieron tantas reformas a la constitución quisieron y todo encaminada a su modelo económico para desprender responsabilidades sociales al Estado en perjuicio de la población.
Hoy no conciben que hay una mayoría popular que respalda las decisiones para replantear al Estado mexicano fortaleciendo su democracia empoderando al ciudadano para la toma de decisiones, es difícil que puedan revertir esa fuerza política y social que se ha apropiado de un modelo de gobernanza que está surgiendo y apenas con seis años está garantizada su sustentabilidad y arraigo por muchos años más, pero esa realidad es la sustancia de la negación de quienes están en esta lógica de que por medio de embustes legales puedan revertir lo que no pudieron revertir en las urnas.
Hoy a esos ocho ministros que pretenden invalidar ilegalmente una reforma constitucional se les etiqueta como una oposición política y como juristas deshonestos que juzgan teniendo intereses personales, económicos y políticos en el juicio y obedecen a una oposición derrotada política y moralmente, por eso, aunque tengan en su plan agudizar la crisis constitucional y conflicto entre poderes, no tienen la vía jurídica ni el respaldo suficiente ni político ni social para lograr sus pretensiones.