El Programa Sectorial de Energía de México, presentado el 22 de diciembre de 2025 en el Diario oficial de la Federación, constituye un decreto de vigencia limitada hasta 2030. Esta decisión posiciona al país fuera de la tendencia actual de la geopolítica energética mundial a mediano y largo plazo. Esto se debe a que numerosos países seguirán incrementando el uso de combustibles fósiles, y muchos de los productores continuarán con su extracción, transformación y comercialización.
Pemex y CFE cuentan con un presupuesto proyectado para 2026 cercano a un billón de pesos, cifra que se espera incremente a dos billones para finales de 2030.
Surge así la interrogante acerca de si las empresas del Estado deben ser responsables de la totalidad del programa sectorial o si los actores privados pueden participar en segmentos específicos del mercado.
El programa no incluye lineamientos sobre cómo transitar hacia la reducción en el consumo de gasolinas, diésel y otros combustibles empleados en el transporte y diferentes actividades sociales.
Cabe destacar que más de 80 por ciento del crudo refinado tanto en el Sistema Nacional de Refinación como en Estados Unidos se destina al consumo de más de 300 millones de litros diarios, generando un flujo de efectivo circulante estimado entre 4 y 5 billones de pesos en el mercado de comercialización de combustibles fósiles.
El Programa Sectorial de Energía es de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus atribuciones específicas.
La Secretaría de Energía, junto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Anticorrupción y Buen Gobierno –en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la normativa aplicable– supervisarán la ejecución y el logro de los objetivos, estrategias y líneas de acción estipulados en el Programa Sectorial de Energía, tomando como referencia los indicadores y metas definidos.
Todas las acciones del programa, así como la coordinación entre dependencias para ponerlo en marcha, darle seguimiento y rendir cuentas, se financiarán con los recursos ya aprobados para las dependencias participantes, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente.
Actualmente, se propone mantener la producción de petróleo (incluidos los condensados) por encima de 1.6 millones de barriles diarios y alcanzar los 1.8 millones a lo largo del presente sexenio, asegurando la continuidad de este objetivo.
Pemex contribuirá en 2026 con hasta 86 por ciento de la producción proyectada, y conforme al Plan Estratégico vigente, se prevé que mediante el impulso de proyectos de desarrollo mixto, en 2033 estos aportarán 25 por ciento de la producción nacional.
La meta principal es priorizar el procesamiento industrial y atender las necesidades de consumo nacional de combustibles líquidos y petroquímicos derivados del crudo y gas natural, a fin de alcanzar la autosuficiencia en gasolina y diésel, así como asegurar una producción sostenible que proteja los recursos petroleros de México en el presente y futuro.
México se enfrenta a una paradoja energética relevante: a pesar de ser productor de hidrocarburos, depende principalmente de las importaciones de gas natural seco provenientes de un solo país para satisfacer sus necesidades esenciales.
Esta situación representa una vulnerabilidad estratégica significativa, especialmente considerando que el gas constituye aproximadamente 65 por ciento de los combustibles utilizados en la generación eléctrica. En respuesta, el primer objetivo de este programa propone aumentar la producción nacional de gas natural a 5 mil millones de pies cúbicos diarios mediante iniciativas de recuperación sustentable, con la finalidad de reducir la dependencia externa en un 20 por ciento.
La problemática relacionada con el gas natural requiere un análisis riguroso, debido no sólo al incremento en las importaciones necesarias para cubrir el déficit interno, sino también a su posición como uno de los energéticos más importados en el país, junto con la gasolina y el diésel.
La transición energética en México presenta una paradoja relevante: si bien se registraron avances en la disminución del uso de combustibles altamente contaminantes, tales como el carbón y el coque, el gas natural ha pasado a ser el principal “combustible de transición”.
El país proyecta fomentar el empleo de fuentes renovables, tecnologías de almacenamiento, así como procesos de captura de carbono y metano y la electromovilidad, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, tanto el consumo como la generación primaria y eléctrica continúan siendo predominantemente de origen fósil.
En México se mantiene una significativa dependencia del gas natural importado, lo que representa un desafío para la soberanía energética nacional. Aunque se han registrado avances relevantes, como el aumento en la generación eólica y solar durante 2024, las energías limpias únicamente representaron el 24.32 por ciento del total, cifra aún distante de la meta establecida de 35 por ciento.
La capacidad instalada para la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está conformada principalmente por centrales fósiles —incluyendo ciclo combinado, turbogás, carboeléctrica, térmica convencional y combustión interna— con aproximadamente 30 mil 33 megavatios (MW), seguida por la generación hidroeléctrica (12 mil 156 MW) y nuclear (mil 608 MW). Es importante destacar que la mayor capacidad pública instalada de energías renovables corresponde a las centrales hidroeléctricas, motivo por el cual el Gobierno Federal anterior decidió rehabilitar y modernizar 16 instalaciones, acción que incrementará la capacidad total en 554 MW; algunas de estas obras continúan en proceso de conclusión.
Además, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la CFE, durante la administración federal anterior se inició la construcción de 10 centrales de ciclo combinado con una capacidad total de 6 mil 692 MW, que serán puestas en operación entre 2025 y 2027. En conjunto, los proyectos de ciclo combinado y la central solar fotovoltaica Puerto Peñasco, con una capacidad de 580 MW, sumarán 7 mil 112 MW adicionales al sistema eléctrico nacional, con una inversión estimada de 5 mil 920 millones de dólares.
El objetivo del programa es garantizar la disponibilidad de los recursos petroleros a largo plazo, manteniendo una producción futura de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo y 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con el fin de evitar la sobreexplotación de las reservas. Estos recursos se destinarán al abastecimiento del Sistema Nacional de Refinación y a la industria petroquímica nacional.
Se prevé que, para 2030, las refinerías de Pemex incrementen su capacidad de procesamiento de crudo de 56 por ciento a más de 80 por ciento, lo que permitirá aumentar la producción de petrolíferos como gasolinas, diésel y turbosina. Este crecimiento estará respaldado por inversiones en los sectores de petroquímica y fertilizantes, contribuyendo así al fortalecimiento de la independencia energética.
Durante el periodo 2024-2031, se actualizarán 27 Normas Oficiales Mexicanas (23 relativas al consumo eléctrico y 4 al consumo de combustibles), abarcando aspectos como la seguridad en instalaciones eléctricas y el uso eficiente de energía en sistemas de aire acondicionado, electrodomésticos, motores, equipos para cocción de alimentos, calentadores de agua e iluminación. Adicionalmente, entre 2025 y 2027, se elaborarán y publicarán 15 nuevas Normas Oficiales Mexicanas (9 sobre consumo eléctrico y 6 sobre consumo de combustibles).
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con la inversión privada en generación eléctrica limpia, está avanzando en el cumplimiento de los objetivos establecidos en acuerdos internacionales y prevé mantener dichos avances hasta 2050.
Se proyecta que para esa fecha, las fuentes principales de producción eléctrica en México serán la solar, eólica, hidráulica, geotérmica y biomasa, así como otras energías renovables que puedan desarrollarse en el futuro.
La participación porcentual de la capacidad estatal de generación eléctrica aumentará de 55.4 por ciento en 2024 a 59.6 por ciento en 2030.
Por otra parte, 96 por ciento de las adiciones de capacidad correspondientes a los proyectos privados previstos para el periodo 2025–2030 estarán constituidas por energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica.
Conclusión:
Es relevante analizar si es adecuado que la nación asuma el riesgo financiero en el sector energético, considerando el inminente descenso en las tasas de interés y el aumento de inversiones en combustibles fósiles.
Estos recursos podrían ser utilizados como palanca para facilitar la transición hacia energías limpias y, posteriormente, a fuentes de energía consideradas infinitas, como la nuclear. En la actualidad, México cuenta con políticas de corto plazo vinculadas al presupuesto disponible para las empresas estatales, ante la falta de interés en su rentabilidad, limitando así su responsabilidad a garantizar el funcionamiento del mercado energético.