Los ingresos de un país se basan en la forma en que se establecen mercados estructurados con empresas que generan negocios y que, en conjunto con el gasto en el desarrollo económico por parte de la nación, contribuyen a generar un crecimiento en función del producto interno bruto (PIB).
Hoy no tener deuda para completar el gasto corriente no funciona y no tener déficit dificulta aumentar el PIB. Esto se debe controlar para no depender de otros para acceder al dinero que circula en el mundo.
La deuda neta de México ha aumentado en 1.28 billones de pesos de enero a junio de 2024. Al cierre de 2023 eran 14.86 billones.
La evaluación de la deuda como porcentaje del PIB es un indicador que no revela la realidad del problema de cuánto dinero realmente debe un país.
La secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identifica tres indicadores fundamentales de la deuda pública, los cuales representan todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas de forma directa o a través de sus agentes financieros. En primer lugar, se clasifican la deuda del gobierno federal, la del sector público, que incluye las de las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), y, finalmente, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
Se ha llevado a cabo un balance correspondiente de 2018 a 2024 con datos de la SHCP con el acumulado de junio de cada año, aquí se ha constatado que: la deuda del sector público, incluida la del gobierno federal, ha aumentado 53 por ciento, la deuda interna se elevó 85 por ciento y la externa subió 9 por ciento.
Conclusión: la deuda neta de México ha experimentado un aumento principalmente porque el déficit de 2018 era de 474 mil millones de pesos y ahora, en 2024, será de 1.74 billones de pesos, y este dinero se ha cubierto por deuda pública. Alrededor de cinco a seis veces superior al promedio observado entre 2007 y 2017.
El producto interno bruto a precios actuales, y con datos de Hacienda, Inegi y el Banco Mundial, podemos encontrar que en 2018 era de 24.17 billones de pesos, y al cierre de 2023 eran 31.72 billones. Se elevó 35 por ciento.
La deuda en el mismo periodo subió 37 por ciento, desde 10.83, hasta 14.86 billones de pesos.
La forma de anunciar la deuda, si aumenta o disminuye en función del PIB en porcentaje de éste, solo es del acumulado anual, pero no indica la tendencia en dinero real del total que debe un país.
Se ha mencionado en México que la deuda no ha superado 50 por ciento en comparación con el PIB, lo cual es correcto, pero inexacto al hacer un balance económico en función del dinero, debido a que los porcentajes han variado debido a que el PIB ha aumentado en mayor proporción respecto a la deuda de 2020 a 2023.
En 2020, el PIB total era de 24.10 billones de pesos, mientras que en 2021 en 12.02 billones, lo que indicaba un porcentaje de 49.88 por ciento; sin embargo, en 2023, bajó a 46.86 por ciento en relación con el PIB, debido a que este último fue de 31.72 billones y la deuda de 14.86.
Resumen: si sube el PIB, es factible disminuir el porcentaje de la deuda pública en relación con éste. Esto da margen al tener un mayor déficit, y esto es una tentación en la que México no debe involucrarse.
En 2025 México desea subir el gasto y enfocar 70 por ciento del dinero en el desarrollo social, lo cual ocasionará un incremento en el déficit y, por consiguiente, una mayor deuda.
Es necesario incorporar a este análisis la propuesta de modificar diversos artículos de la Constitución en cuanto a simplificación orgánica, y que estos cambios se están discutiendo en la Cámara de Diputados, donde se pretende eliminar ciertos órganos reguladores, los cuales contribuyen a asegurar la confianza en algunos mercados en el desarrollo económico del país.
Los reguladores tienen la misión de promover la libre competencia, supervisar el cumplimiento de las normas del sector, promover una mejora en la calidad del servicio y velar por el establecimiento de tarifas razonables y por el respeto a los derechos de los consumidores.
Ante su posible eliminación, quién hará las funciones de estos, y si son reacomodados en otras instancias, se deberá establecer una coordinación adecuada en la que serán instalados para operar, con el objetivo de no generar un conflicto de interés, o simplemente no establecer un piso parejo para los otros entes que pueden ser regulados dentro de los diferentes mercados donde estén.
Un ejemplo, puede surgir en el mercado energético, ya que si Pemex y CFE vuelven a ser empresas estatales, como se pretende, pueden caer en un mercado monopólico y no habrá piso parejo para los otros entes del mercado.
Los reguladores que desaparezcan o se integren alguna dependencia o secretaria, generarán distorsión y posiblemente mayor estrés en los ingresos del país.
Es importante tener en cuenta que 85 por ciento de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y Canadá, que forman parte del T-MEC, establecido en 2020, y que no es un acuerdo político, sino comercial, donde existen ciertas normas, términos y condiciones que deben cumplirse. En caso de incumplimiento de alguna de las partes en algo que afecte al T-MEC, puede ser complicada la revisión en 2026. Esto afectará las entradas de dinero y negocios en México debido a la incertidumbre que puede surgir.
Los cambios planteados por el Ejecutivo, y en discusión en el Legislativo, en el caso de aprobarse, México incumplirá el T-MEC en el capítulo 28 sobre seguridad regulatoria y el 22 de empresas propiedad del Estado y monopolios designados.
Esto ocasionará incertidumbre y una desaceleración del nearshoring debido a la falta de certeza jurídica. No habrá certidumbre en los mercados, ya que no existirán reguladores con sus propias decisiones, y adonde sean integrados los roles establecidos de estos puede volver ser juez y parte ante el posible monopolio por parte de las empresas del Estado.
Sin dinero, no hay forma de incrementar el gasto de una nación, la cual está sujeta a los ingresos que puedan surgir de los impuestos de una inversión extranjera directa al invertir en instalarse, operar e impulsar el negocio en un mercado con un piso parejo.
Hoy el ingreso está limitado, ya que se acota a un número de empresas que se mantienen en el mercado mexicano. Si no hay peculio, no habrá forma de tener 70 por ciento en gasto en desarrollo social y deberá haber un mayor déficit, por tanto, más deuda pública. Si no crece el PIB, estaremos destinados a que la forma de medir la deuda respecto a esta pueda estar por arriba del porcentaje observado en los últimos años.