Al gobierno de López Obrador le caen como “anillo al dedo” tres casos que desviarán la atención pública del desastre que ha sido el manejo de la pandemia y la pobre respuesta a la grave crisis económica: 1) La extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht; 2) el caso César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de desviar dinero público para su beneficio y a campañas del PRI; y 3) el de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de desviar las investigaciones sobre Ayotzinapa.
Los tres casos encuadran perfectamente en el combate a la corrupción que ofreció el presidente y que llegan oportunamente en el entorno político electoral del próximo año.
Pero con ello está el riesgo de que sean un distractor ante la situación que vive el país en salud y economía, ya que cada día es más evidente el manejo erróneo y contradictorio en el combate contra el coronavirus. Hoy ya son 139 días de que se registró el primer caso de covid-19 en México, el pasado 28 de febrero.
México está entre los países con más contagios, con más muertes, con menos pruebas y con un regreso desordenado a la nueva normalidad. Dando por buenas las cifras de López-Gatell, México se encuentra entre los ocho países más afectados en el mundo con más de 300 mil infectados, solo debajo de India, EUA y Rusia. En 24 horas sumamos más de seis mil nuevos casos y registramos más de 36 mil muertes.
Si consideramos que hasta hoy lo único que se tiene para contener el covid-19 es la higiene, lavado de manos, gel antibacterial, cubrebocas y la aplicación de pruebas para detectar a portadores y aislarlos, en México las autoridades desestimaron la aplicación de estas pruebas en forma masiva.
Sería una lástima que los casos de corrupción sean tratados como objetivos político-electorales, o distractores de los problemas del país, cuando puede ser la oportunidad de mostrar que la lucha contra la corrupción va en serio, armando expedientes irrefutables que permitan a los jueces imponer sentencias ejemplares a los responsables y lograr la recuperación de lo robado, así como la confianza de los ciudadanos.
FB: Raúl Frías Lucio
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