Hay un hombre en Ciudad Madero, Tamaulipas, que lleva 27 años trabajando en una refinería. Entró a Pemex a los 22, aprendió un oficio que no existía en su familia, mandó a sus tres hijos a la universidad y hoy, a punto de jubilarse, sabe que su pensión llegará puntual. Él no es un dato estadístico, es la razón por la que existe este sindicato.
Hay fechas que no necesitan explicación, el 1 de mayo es una de ellas. Precisamente por eso vale la pena ir más allá y preguntarnos, con honestidad, qué estamos haciendo con la herencia que otros nos dejaron. Los que marcharon antes que nosotros no lo hicieron para que hoy desfiláramos, sino para que las cosas cambiaran. Esa es la única forma de honrarlos.
Quienes integramos el STPRM sostenemos una industria que mueve a prácticamente todos los sectores del país. Pemex es palanca del desarrollo nacional y prueba viva de lo que México puede lograr con sus propios recursos. Detrás de cada barril, de cada plataforma, de cada refinería, hay hombres y mujeres que se levantan de madrugada, trabajan lejos de sus familias durante semanas y operan maquinaria en condiciones extremas. Merecen que su esfuerzo sea reconocido, protegido y bien remunerado. Por eso las condiciones laborales en el sector energético no son un asunto gremial: son un asunto de Estado.
La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo decente como aquel que combina ingreso justo, seguridad en el trabajo, protección social y libertad para organizarse. Cuatro pilares que hoy, el 60 por ciento de los trabajadores mexicanos no alcanzan a cumplir plenamente, según el Observatorio de Trabajo Digno. En un país donde más de la mitad de la fuerza laboral vive en la informalidad y ocho de cada diez empleados formales no pertenecen a ningún sindicato, quienes estamos organizados cargamos la responsabilidad de demostrar que vale la pena estarlo.
En la revisión del Contrato Colectivo 2025–2027 acordamos con Pemex un incremento salarial de 4.5 por ciento directo, complementado con 32.64 por ciento por productividad en cada pago catorcenal y un aumento de 4.32 por ciento a las pensiones de jubilados. La canasta básica mensual subió de 5 mil 541 a 6 mil 64 pesos. Se ampliaron becas escolares, apoyos médicos, vivienda y alimentación. Fruto de más de tres meses de negociación, el acuerdo se alineó con la política de justicia laboral del gobierno federal. Eso es la negociación colectiva funcionando como debe: sin estridencias, con resultados.
Pero los sindicatos no vivimos en el papel, vivimos en el presente de nuestros trabajadores y sus familias. Este año inauguramos el nuevo salón social y de asambleas de la Sección 24 en Salamanca, Guanajuato: un espacio donde los trabajadores se reunirán, deliberarán y elegirán a sus representantes. Hay quienes verán ese edificio y pensarán que es ladrillo y cemento. Lo que yo veo es el lugar donde un trabajador de primera generación aprenderá que tiene voz; donde su hijo entenderá que la organización colectiva no es un concepto abstracto sino una sala donde su voz es escuchada.
Lo mismo ocurre en Orizaba, Poza Rica, Nanchital, Ciudad del Carmen. La industria petrolera no solo produce energía: produce tejido social. En municipios como Ciudad del Carmen, más del 60 por ciento de la economía local depende directa o indirectamente de Pemex y sus trabajadores. Cuando hablamos de defender el empleo petrolero, hablamos de defender panaderías, escuelas, hospitales y mercados. Todo el ecosistema humano que crece alrededor de la industria.
La política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum va en el sentido correcto. Las reformas afirman algo que nunca debería haber estado en duda: los recursos del subsuelo son de la nación. El impulso a las energías limpias, sin abandonar la soberanía sobre los hidrocarburos, es una apuesta estratégica que compartimos. México necesita una política energética que piense en décadas, en una sustentabilidad con justicia laboral y que entienda que la transición solo tiene legitimidad si quienes hoy operan esta industria tienen un lugar cierto en la del mañana.
Apoyar esa dirección no nos impide señalar lo que falta. La infraestructura de Pemex acumula años de inversión insuficiente. Las condiciones de seguridad en varios centros de trabajo aún no están donde deberían. Una transición que no incluya reconversión laboral y certeza contractual no es una transición justa: es un relevo tecnológico que deja atrás a la gente. Eso no lo vamos a aceptar.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) documenta que los países que transitan hacia economías más limpias, con sindicatos fuertes como interlocutores, generan menos conflicto social y mejores resultados para los trabajadores. México tiene esa oportunidad. El STPRM está listo: no como obstáculo al cambio, sino como garantía de que el cambio tenga rostro humano.
Hoy pienso en el hombre de Ciudad Madero con 27 años en la refinería. En su próxima jubilación, en sus hijos universitarios. En los compañeros embarcados en el Golfo que no verán a sus familias este fin de semana. Pienso en la trabajadora de Salamanca que lleva 10 años capacitándose para seguir ascendiendo. En todos ellos está la respuesta a por qué salimos a marchar cada 1 de mayo. No es nostalgia ni inercia: es la certeza de que la organización colectiva, ejercida con responsabilidad, da resultados. Sabemos que queda mucho camino por recorrer, vamos hacia adelante.
El STPRM representa a quienes hacen posible, cada día, que México siga siendo un país energéticamente soberano. Llevamos con orgullo esa responsabilidad.