Es evidente que Trump y sus consejeros áulicos, se han propuesto terminar con la globalización económica y los pactos internacionales multilaterales y volver al proteccionismo nacionalista y, acaso, a los tratados bilaterales.
Además, para resolver o paliar sus problemas de drogadicción y de inmigración ilegal y descontrolada, están utilizando, hasta ahora, como coerción los aranceles.
Para lograr que las industrias regresen a su territorio y avanzar en el combate a la drogadicción y la inmigración, no les importa transgredir el derecho internacional y convenios como el T-MEC.
Ese comportamiento ejemplifica que para ellos el fin justifica los medios.
A nosotros debería enseñarnos que sólo la conciencia de la validez del derecho puede contener las acciones arbitrarias de los que tienen una fuerza superior; y, así, equilibrar las condiciones de la convivencia.
Es notorio que la presidenta Sheinbaum y parte de su gabinete, están conscientes de la trascendencia que en este momento tiene el respeto especial a la normatividad pactada en el T-MEC, y en general a los principios y reglas del derecho internacional.
Así lo revelan sus constantes y fundadas peticiones para que EUA respete lo pactado en el T-MEC; y para que éste no termine.
Sin embargo, al interior del país esa postura es inconsistente, porque mientras a EUA le reclaman el respeto a las leyes y convenios, internamente se ha vulnerado la forma constitucional de república representativa, democrática, federal y con división de poderes
Para enfrentar con éxito las circunstancias actuales y los cambios venideros, nuestro gobierno debería ser consistente en sus actuaciones internas e internacionales.
Solamente será consistente si restituye el respeto al orden jurídico, que incluye, necesariamente, la existencia de un Poder Judicial profesional, de carrera e independiente que garantice la certidumbre que requieren la economía y la vida social.
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