Una de las más dolorosas tragedias es el forzado y cruel reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada.
Ese drama se ensaña con los más necesitados, por eso urge una política pública de efectos positivos inmediatos que proteja a los jóvenes sin acceso al estudio y al trabajo.
El gobierno de la República tiene, entre otros, dos programas para jóvenes: uno construyendo el futuro; y el otro, escribiendo el futuro.
Ambos dirigidos a la juventud con mayores carencias.
El objetivo del primero es que jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, que no estudien ni trabajen, se capaciten trabajando como aprendices por un periodo de 12 meses. El gobierno les paga una beca mensual de $6,310 pesos y seguro médico.
El propósito del segundo es dar a los jóvenes la oportunidad de estudiar una licenciatura o una carrera técnica en una de las instituciones designadas. El gobierno otorga becas Benito Juárez por $2,575 pesos mensuales.
Es innegable la bondad de la finalidad de ambos programas, lo que está en duda son los resultados por la forma en que operan; y porque dependen totalmente de la voluntad de los jóvenes.
Para superar esos dos inconvenientes, puede instituirse un tercer programa obligatorio para los que desaprovechan las oportunidades de trabajar o estudiar.
Ese tercer programa sería reformar la Ley del Servicio Militar para adecuarla al rescate de los jóvenes en extrema pobreza, o que estén en riesgo de ser enganchados por el crimen.
Las bases serían: reclutar jóvenes entre 16 y 25 años de edad; duración de dos años; régimen de internado; y dedicado, exclusivamente, a la capacitación en oficios y al estudio de carreras técnicas.
La Constitución prevé la obligatoriedad y la Ley el acuartelamiento: no habría violación de derechos humanos.
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