Una persona padecía malestares que no le permitían realizar sus actividades cotidianas. Fue al médico y éste le comunica que programará una cirugía mayor con carácter de urgente ante los graves problemas de salud que enfrenta. Explica al aterrado paciente todo lo que le va a quitar y poner, así, sin diagnóstico o razones que den sustento a la decisión y hasta dónde se puede poner en riesgo su salud con esa intervención. También le dijo que informará a sus familiares para que firmen su aprobación.
La semana pasada se retomó la reforma al poder judicial impulsada desde el Ejecutivo Federal. Se ha informado lo que se le va a quitar y poner, entre otros temas, la reconfiguración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, buscar una justicia ágil, prohibir las suspensiones contra leyes con efectos generales y que más de 1,600 juzgadores sean electos por voto popular. Además, que se realizará un ejercicio de parlamento abierto y otro de consulta ciudadana.
Así como con el paciente, lo primero que tiene que hacer la justicia es aceptar que enfrenta malestares que le impiden realizar cabalmente su función. No basta con saber cuántos expedientes se tramitan y en qué tiempo, si es que el número de homicidios dolosos bajó o si la percepción ciudadana indica que los jueces son corruptos y tienen un desempeño de media tabla, cuando en el fondo sigue la duda respecto a la calidad del estado de derecho mexicano. Además claro, se debe reconocer que los retos que enfrenta el poder judicial federal son muy diferentes que los de poderes judiciales estatales y que dependerá del lugar y orden de gobierno para determinar lo que hay que atender. Por ejemplo, instalaciones, capacitación, recursos humanos, aprovechamiento de tecnología como Inteligencia Artificial (IA) o Blockchain para sistematizar trabajo que hoy significa burocracia o espacios a la discrecionalidad, controles a la corrupción, rendición de cuentas, transparencia o que simplemente se hagan realidad las sentencias.
Antes de cualquier decisión, que además se traducirá en gasto público, se requerirá contar con un diagnóstico adecuado, con evidencia verificable y documentada, transparente y entendible. Porque si bien, las encuestas ciudadanas son importantes siempre y cuando estén sustentadas en una metodología clara y transparente, jamás serán suficientes para una política pública de ese tamaño; y los mal llamados ejercicios de parlamento abierto, están lejos de lo que realmente deberían ser. La justicia mexicana hoy es ese paciente al que se le ha programado una cirugía mayor para el próximo mes de septiembre, sin un diagnóstico adecuado, ni saber hasta dónde se va a comprometer su salud con una intervención de ese tamaño.