La pregunta adecuada

Quedó consumada la reforma judicial que capturó la atención dentro y fuera del país por, entre otros objetivos, reconfigurar al Poder Judicial y que más de mil 600 juzgadores sean electos mediante voto popular. Mientras se escriben estas líneas, dicha reforma ha sido avalada al menos por el mínimo de los congresos locales requeridos. Así que la preocupación deberá ser otra. Y es que después de todo lo que ha sucedido, como nunca le había tocado al menos a esta generación, lo cierto es que la mayoría de la ciudadanía sigue siendo ajena a lo que implica. Muchas personas apoyaron la idea de una reforma a partir de la poderosa consigna, que es cierta, “la justicia debe mejorar” sin tener claro ¿por qué está mal? o ¿cómo puede afectar en su día a día? Para responder esas preguntas, suponiendo que son las adecuadas, no hay más que apelar a la realidad histórica reciente. El 24 de febrero de 2017 se publicó una reforma constitucional para mejorar la justicia laboral mexicana y atender compromisos internacionales. Una reforma ambiciosa para modernizar un sistema obsoleto que ya no atendía las necesidades actuales y se requería agilizarla, lograr beneficios colectivos, individuales, al Estado y en general, para el desarrollo del país. Sin embargo, para llegar al consenso en su contenido, durante meses se conformaron diversos grupos de análisis con academia, organizaciones sociales, empresas y representantes de los tres poderes a nivel federal y estatal. Hubo muchas discusiones técnicas y prácticas que originaron consensos y disensos, pero que al final permitieron coincidir en muchos puntos para mejorar la justicia en agendas como la atención a empleados/as del hogar; extorsión a empresas; sindicatos charros y blancos; carga de trabajo; corrupción; impunidad; independencia; salarios; transición al poder judicial; tecnología; salas orales; sanciones; sensibilizar a la ciudadanía; que la justicia federal es igual de importante que la estatal; y claro, el reto de implementarla para que realmente impacte en el día a día de la ciudadanía. El panorama es que más bien podría detonar desorden, incertidumbre y riesgos en cualquier relación legal: un contrato de empresa, una relación laboral, un divorcio, una sucesión, la guarda y custodia de un menor, un delito o el cobro de una deuda, mientras que juzgadores y sus equipos estén ocupados consiguiendo votos y no impartiendo justicia. Ahí será cuando la ciudadanía vivirá el impacto de la reforma en su vida diaria. Parece pues, que la pregunta adecuada sería algo como ¿qué hará la ciudadanía para evitar que la justicia cambie de rumbo en detrimento de su vida y del país?