Opinión fundada

La ventana de la democracia

Ricardo Corona

El deterioro de la oferta política y las acciones de gobierno se aferran cada vez más en ir de la mano del uso indebido del dinero público, en un tema que vuelve a prender las alarmas: obra pública. ¿Razones? corrupción, impunidad, discrecionalidad, conflicto de intereses, opacidad, en fin, problemas que solamente se atienden ante la suficiente presión ciudadana y sus repercusiones políticas. Por ejemplo, si la gente se queja del alcalde por los baches, verá que los tapan y el enojo pasa. Aunque poco después resurjan, sin saber si la razón es baja calidad de materiales bien cobrados, o contratar la empresa de algún compadre. Pero todo se complica conforme aumenta el tamaño del gasto y obra; cuando en lugar de un bache que costó varias llantas, se trata de un metro que costó 25 vidas y afectó a miles más.

¿La ciudadanía realmente sabe si el Estado cumple con los objetivos del gasto en obra pública? ¿si mantenimientos y reparaciones reportados en informes, realmente se hacen o nada más se cobran? o si ante daños como el del metro ¿hay consecuencias reales para los responsables?

Asegurar que el Estado ejerza su presupuesto con base en los principios constitucionales que rigen el gasto público, a partir de un sistema de contrataciones moderno y dinámico, es un sueño guajiro en México. Por si fuera poco, la obra pública es una de las principales áreas de gasto gubernamental que, en lugar de auditorías consistentes, más bien se sujeta a cumplimiento de formalidades y manipulaciones políticas a contentillo. Sin importar el color, México sigue siendo un paraíso de elefantes blancos. Desde un municipio que gasta su presupuesto de obra en veredas; un auditorio abandonado a la orilla del mar; o un monumento que costó 300% más de lo programado.

¿Cómo podría saber la gente si el Estado cumple con sus obligaciones en una obra pública, si a nivel federal hay poca información, a nivel estatal, menos, y a nivel municipal, imposible? ¿cómo analizar y atender oportunamente situaciones que, en el mejor de los casos, terminan con costos elevados, retrasos, o generando beneficios para alguien; pero que, en el peor, matan a la ciudadanía?

Plan de desarrollo; presupuesto asignado; contrataciones que no abusen de adjudicaciones directas; responsabilidades de los servidores públicos vinculados a corrupción, conflictos de interés o cínicas inconsistencias en las míticas declaraciones patrimoniales que no parecen más que un requisito de forma. De todo ello se debe rendir cuentas, primero, para evitar volver a gastar millones en diagnósticos privados que no serían necesarios si se hicieran bien las cosas y segundo, porque ahí está la ventana de una democracia a la que aspira la economía 15 en el mundo. 


Ricardo Corona

ricardo.corona@koalsulting.com

* Abogado especialista en análisis de políticas públicas en materia de justicia y estado de derecho.

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