La democratización tecnológica y de canales de comunicación digital ha contribuido a una gobernanza emergente con la que la ciudadanía, muchas veces, logra obtener respuestas a demandas de su día a día que en canales formales le serían difíciles o imposibles. Basta ver el universo de ejemplos expuestos en unas redes sociales que, dado el impacto inmediato que tienen en la población, son atendidas de inmediato. Por ejemplo, la denuncia de un delito (en lugar de ir al Ministerio Público), faltas administrativas, indebida prestación de servicios públicos o actos de corrupción (en lugar de ir a un Órgano Interno de Control). Esto no es más que el reflejo del hartazgo ciudadano ante la disfuncionalidad de algo que por años se ha presumido o prometido.
Hoy, ante la discusión de reformar al poder judicial mexicano, es conveniente subrayar que tampoco es ajena a ese hartazgo ciudadano. El poder judicial, sí, enfrenta muchos retos y se ha dicho en incontables ocasiones que todo depende de si es local, federal o del lugar, para ver lo que se tiene que hacer. Si será lenta, si habrá que pagar o apoyar a los servidores públicos que no tienen las condiciones adecuadas para realizar su labor, o de plano si hay corrupción. Indiscutiblemente hay mucho que decir al respecto y se necesitan soluciones urgentes; sin embargo, la discusión actual carece a todas luces de evidencia adecuada que permita explicar y justificar dicha iniciativa. Simplemente no la hay, de ninguna de las partes. Percepciones, suposiciones, datos cuantitativos y estadísticas que quedan mucho a deber, declaraciones en medios y reproches, son insuficientes para hacer política pública en una agenda sustantiva para el desarrollo del país como la calidad de su justicia. A la ciudadanía le interesa que haya justicia, que se resuelvan sus problemas y sus demandas cotidianas al amparo de esa popular “justicia pronta y expedita” que nunca es. Sin importar que se trate de local, federal, procuración o impartición, mercantil, violencia familiar, acoso laboral, delincuencia organizada, etc.
La idea de que la historia es escrita por los vencedores parece desvanecerse ante una tecnología que ya no permite que una sola pluma la escriba. No hay certidumbre de que la situación mejorará para la justicia mexicana con la iniciativa de reforma al poder judicial planteada. Y lo que la justicia no haga, lo hará la tecnología a partir de esa gobernanza digital que se ha ido abriendo paso a partir de la generación de consecuencias reales y tangibles para la ciudadanía. Que expone, desprestigia y muestra muchas veces la verdadera situación de las instituciones. Que revelará si las decisiones que se tomen fueron las más adecuadas o para quién fueron más adecuadas.