Cada día es más frecuente ver en redes sociales material con el que se documentan delitos o cualquier otra falta o demanda ciudadana en la que es cuestión de horas para que se ubique a la persona responsable y la autoridad actúe ante la presión ciudadana. Una consolidación de las redes sociales como fuente de información y mecanismo emergente de gobernanza digital, con el que muchas personas hacen valer sus derechos. También permite ver cierto contraste de efectividad entre canales formales e informales de denuncia. Lo que la gente no logra directamente ante la autoridad, lo hace a través de una viralización, por ejemplo.
Juan, un pensionado de 74 años que tiene entre sus pasatiempos contactar e interactuar con amigos y familiares en redes sociales para compartir ideas, textos y fotos, a principios de 2019 fue a cobrar la renta mensual de su casa en la ciudad. Lo que recibía al mes cubría necesidades de casa y algunos gastos para atender su enfermedad del corazón; sin embargo, su inquilina, Luisa, le dijo que ya no podía con la renta, que la apoyara. Pasaron tres meses y Juan seguía sin recibir nada. Los ahorros comenzaban a complementar gastos, así que optó por decirle a Luisa que le entregara la casa ya, que le condonaba el adeudo. Nunca pensó escuchar “no tengo a dónde ir con mi familia y no nos puedes sacar porque podrías tener problemas legales”. Entre promesas de pago y pasado un par de meses más, Juan se enteró que la inquilina le quería quitar su casa, así que contrató a una abogada.
Tuvieron que pasar tres años de juicios para demostrar, ante varias instancias judiciales locales y federales, que Juan tenía la razón y por fin pudieron desalojar de su casa a Luisa, así como realizar el cobro de una garantía que ofreció en el contrato. Parece una historia con final feliz porque terminaba un problema, pero comenzaba otro.
Un día Juan comenzó a recibir notificaciones de perfiles desconocidos en sus redes sociales. Fotos suyas con comentarios despectivos, falsos y reclamos por ir en contra de la ley al dejar a una familia en la calle. Sabía de quién se trataba: su inquilina. Al principio no hizo caso, pero el impacto de esa campaña de acoso cibernético fue escalando en su familia, amistades y su salud. Tuvo que ir nuevamente con su abogada para ver qué podría hacer. Se le informó que podía aprovechar la opción de denuncia en la red social y ante la autoridad, pero no le garantizaron tiempos ni resultados. Mejor optó por abandonar las redes sociales porque la justicia no bastó para su tranquilidad y le aterró pensar en llegar a los ochenta años con juicios y denuncias. El problema de Juan fue que la justicia le dio la razón y cobrara lo que se le debía.